• Congreso
  • Lucía Pérez
Acusa a la Junta de Conciliación y Arbitraje así como al OFS de incurrir en negligencia profesional para resolver su demanda.

José Manuel García Valencia, extrabajador del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), exigió el pago de un laudo laboral por 2 millones 496 mil 279.83 pesos, dictado en 2012 por despido injustificado y que hasta el momento no se ha hecho efectivo; sin embargo la autoridad dictó un acto de requerimiento de pago y en su caso embargo a ejecutarse el día 13 de diciembre.

En un escrito de queja que el demandante hizo llegar a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso del Estado, acusó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de actuar de manera ilegal en el proceso de laudo laboral en contra del OFS, pues de 2012 a la fecha no ha podido hacer efectivo el pago del laudo mediante acciones negligentes y retardatorias por parte de los representantes legales.

García Valencia, dijo que esas acciones retardatorias lo único que provocaron fue que la condena millonaria del erario público creciera en más del 50 por ciento.

Recordó que en el año 2011 fue despedido  injustificadamente por parte del entonces titular del OFS, Crispín Corona Gutiérrez, por lo que inició una demanda laboral y consiguió que le dictaran sentencia por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en 2012 para que el órgano pagara un laudo por  un millón 407 mil 866 pesos; no obstante ante la negativa de efectuar dicho pago la cantidad se duplicó y en año 2015.

Ahora, el 10 de octubre de 2016 fue dictado el nuevo auto de requerimiento de pago y en su caso embargo, y señala como fecha límite el 13 de diciembre, lo que “genera nuevamente  retardo en la ejecución del laudo en materia de esta queja, evidenciando el dolo con el que actúa la autoridad del conocimiento en beneficio  de la patronal demandada, y en contravención a los principios que rigen el procedimiento laboral de celeridad y concentración”.

 Por ello, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el demandante pidió al Congreso revisar las políticas de retardo, acciones retardatarias, impericia inexcusable y negligencia profesional  de quienes fungen como representantes legales en el litigio, que ha dado como resultado una condena millonaria que afecta al erario público. 

Tags: