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El Gobierno del Estado de Tlaxcala, encabezado por el priísta Mariano González Zarur, aceptó las nueve recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), pero heredará al próximo gobierno la atención de las conclusiones hechas por el grupo interdisciplinario de expertos.
A partir de ahora, el Gobierno local tiene un plazo de seis meses para acatar una a una las nueve recomendaciones, de lo contrario la Secretaría de Gobierno (Segob) emitirá la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 13 municipios de Tlaxcala por violencia sexual y trata de personas.
Lo anterior, se determinará conforme a lo que la Conavim observe en los avances del calendario de trabajo y planeación de las acciones a emprender para atender estas conclusiones, conforme a ello determinará si hay elementos o no para declarar la alerta respectiva.
Sin embargo, al Gobierno de Mariano González le quedan escasos 37 días, situación por la cual corresponderá a la próxima administración encabezada por Marco Antonio Mena Rodríguez, continuar y efectuar los cambios necesarios a las políticas de gobierno y programas para cumplir con los aspectos señalados por el grupo de expertos dentro del procedimiento de alerta de género.
Mediante un comunicado, el Gobierno del Estado informó sobre la notificación formal a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta, respecto a su aceptación de los nueve puntos señalados por el grupo de trabajo que se conformó para dar seguimiento a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres presentada por la organización “Todos para todos” el pasado 8 de agosto de 2016.
“Con estas acciones queda de manifiesto que el Gobierno del Estado y las instituciones que trabajan conjuntamente para combatir la trata de personas en la entidad están comprometidos para que se ejecuten trabajos en favor de la igualdad y la perspectiva de género hasta el último día de esta administración. De esta manera, la presente administración estatal cumple con los preceptos establecidos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, reza el comunicado.
Las nueve recomendaciones son:
1. Elaborar un diagnóstico sobre las estrategias de capacitación en los ámbitos estatal y municipal, el rediseño y fortalecimiento de los distintos programas de capacitación, priorizando la sensibilización y profesionalización permanente del personal operativo y directivo encargado de la elaboración e implementación de la política pública.
2. Crear una base de datos única, integrada y actualizada que contenga todos los datos relacionados con casos de violencia contra las mujeres, a fin de conocer sus tipos, modalidades y tendencias para diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal.
3. Realizar programas de capacitación efectivos en la aplicación de la NOM-046, especialmente, en la detección e identificación de violencia contra las mujeres, violencia sexual, trata de personas, derechos humanos y no discriminación, con un enfoque de género, diferencial, multi e intercultural.
4. Elaborar un diagnóstico de los protocolos encaminado a identificar si cumplen con los estándares sobre derechos humanos de las mujeres, así como capacitar a las servidoras y servidores públicos encargados de la aplicación de éstos con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
5. Diseñar mecanismos de articulación y comunicación entre los agentes auxiliares del ministerio público y las agencias ministeriales, así como entre instituciones públicas encargadas del combate a la trata. Además se propone conformar un grupo de trabajo de médicos, peritos, psicólogos, trabajadores sociales y demás perfiles en la Unidad Especializada para la Investigación del Delito de Trata de Personas y la Unidad Especializa en Delitos de Violencia Intrafamiliar.
6. Etiquetar, ajustar y aumentar las asignaciones presupuestarias sobre políticas y programas con perspectiva de género; fortalecer y profesionalizar el Instituto Estatal de la Mujer y los institutos municipales, así como la instalación de refugios y albergues para mujeres víctimas de violencia de género.
7. Una mejor estrategia de comunicación social y programas de incidencia transinstitucional.
8. La necesidad de impulsar la armonización de la legislación, la codificación penal con la finalidad de que la legislación garantice el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
9. La violencia contra las mujeres y la trata de personas se encuentran arraigadas en la sociedad como un fenómeno naturalizado e invisibilizado; existe indiferencia y cierta permisividad social de la violencia que se ejerce contra las mujeres, la sociedad tiene ideas preconcebidas y estereotipos