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Con la finalidad de analizar y reflexionar acerca de la problemática social que se vive en el país y debatir sobre los temas de la agenda nacional, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) fue sede de la presentación del libro: “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, editado por la Open Society Foundations y cuyos comentarios corrieron a cargo del Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz, Director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, del Mtro. Omar Vázquez Sánchez, catedrático de la UAT y la Dra. Ina Zoon, representante de Open Society Justice Initiative, encargada de la investigación, evento llevado a cabo en el auditorio de residencia universitaria.
En este marco, el Dr. Luis Armando González Placencia, Secretario Académico, dijo que esta obra es producto de un trabajo que efectuó desde hace tres años Open Society Justice Initiative, de manera conjunta con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
Al tomar la palabra, la Dra. Ina Zoon señaló que, este texto, es un informe de los proyectos de indagación que realizaron con cinco asociaciones civiles durante el periodo 2006-2015, de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el cual se orienta, principalmente, a la actuación de las fuerzas federales de seguridad que involucra a las corporaciones de la Policía Federal, el Ejército y Marina de México; que se mueven en el esquema conceptual del Derecho Penal Internacional.
Recalcó que, un crimen de lesa humanidad, es un ataque generalizado o sistemático contra la población civil con el conocimiento de dicha acción, el cual está definido en México como una línea de conducta en conformidad de una política de un estado u organización, por lo que el caso de estudio se enfocó, principalmente, al cártel de los “zetas”, en conformidad con la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional.
La Dra. Zoon mencionó que, la estrategia que identifica a esta publicación, se basa en el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza pública, en la guerra contra la droga y la militarización de dicho combate hacia el crimen organizado, que se rige constitucionalmente y bajo el Protocolo de Palermo.
Por su parte, el Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz externó que este compendio marca la pauta para desarrollar observaciones posteriores en el plano del análisis de orden jurídico-penal y de defensa y protección de Derechos Humanos, pues su campo de operación se centró en entidades como: Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro, además reúne la reacción de diferentes actores políticos.
Refirió que, además, se focalizó en seis conflictos sociales: la desaparición de los alumnos normalistas de Ayotzinapa; el caso de Tlatlaya; el de San Fernando en Tamaulipas; el de Ojinaga, Chihuahua; las muertes de Apatzingán y la desaparición de periodistas.
Finalmente, el Dr. Ramírez Ortiz explicó que ante el panorama que prevalece en la nación, es importante que los académicos abonen con algunas propuestas contundentes, que puedan brindar alternativas de solución para resolver estos flagelos, pues en el horizonte no se vislumbra una respuesta pronta; por ello, el tratado da un rumbo claro para iniciar nuevas investigaciones.
Asimismo, el Mtro. Omar Vázquez Sánchez precisó que este tipo de transgresiones que se documentan son sistemáticas y generalizadas, las cuales consisten en asesinatos, desaparición forzada y tortura; en este sentido, refiere que, en la primera cuestión, entre 2006 y finales de 2015, se produjeron más de 150; en relación a la segunda, se superan las 26 mil; por cuanto hace a la tortura, el informe señala que entre enero de 2007 y diciembre de 2015 se presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) más de 9,400 denuncias.
Indicó que este volumen recomienda la creación de un organismo de investigación internacional con sede en México, que se encargue de perseguir crímenes atroces y de gran corrupción; la formación urgente de equipos especiales para indagar las desapariciones y, los servicios forenses y de protección de testigos, deben ser autónomos, así como retirar a las instituciones armadas de las acciones de seguridad y aprobar una legislación que regule eficazmente la utilización de la fuerza pública.