- Política
Lo anterior viene a colación por la penosa realidad que vivimos en nuestro país, con todo lo relacionado a la falta de transparencia, corrupción e impunidad en el sector público que se ha, o por lo menos así nos han querido convencer, establecido como una cultura de los mexicanos y que hemos sido incapaces hasta ahora de combatir y erradicar.
Los ciudadanos, están hartos y se sienten impotentes ante tantos hechos de corrupción de personajes que deberían regirse por los principios básicos de la transparencia y la rendición de cuentas; pero cuando se habla de abusos y conductas al margen de la ley, no incluimos únicamente a los cometidos por funcionarios de los tres niveles de gobierno, sino también por los integrantes de sindicatos, universidades, organismos autónomos y partidos políticos, entre otros.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, del año que concluyó, México es visto como un país cada vez más corrupto y como el peor calificado entre los Estados que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, de acuerdo a las mismas fuentes, la corrupción le cuesta a México cerca de 350 mil millones de pesos al año, lo que significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional; la responsabilidad de esta realidad, es atribuible a la falta de una conducta ética de los servidores públicos, que aparecen ante la sociedad como personajes rectos e impolutos, sin embargo, los hechos y los vicios oscuros en un país como el nuestro, lamentablemente, hacen parecer que la honestidad es algo complicado de alcanzar.
Empero, habrá que decir que después de una notoria exigencia social, se reforma la Constitución de la República en mayo del 2015, para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en julio del 2016, se promulgan las siete leyes que lo formalizan como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno, federal y local, para la prevención y el combate de la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.
Las leyes federales expedidas del SNA son la General del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades Administrativas, la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Además, se reformaron también la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Cierto, se abre una luz de esperanza para el pueblo, podría iniciarse una etapa en la que realmente se combata realmente al flagelo de la corrupción en México, pero es necesario que los ciudadanos se informen sobre los nuevos preceptos constitucionales y el contenido de las leyes y reformas, que inexplicablemente se habían venido aplazando.
Está en nosotros mismos exigir que se actué sin cortapisas, el SNA debe operar de manera verdaderamente autónoma, que no se use como un arma de quienes detentan el poder, en contra de sus enemigos políticos o para proteger a quiénes les convenga; los mexicanos esperamos que ahora sí se combata corrupción y erradique la impunidad en un plazo relativamente breve, sin importar el funcionario público a quien se le deba aplicar la ley y se le castigue en su caso.
Finalmente, decir que aún quedan temas pendientes como el del fuero de los servidores públicos, que más que inmunidad ha ocasionado impunidad. El fuero se ha convertido en un privilegio, no en una protección a la libertad de expresión sobre todo de los representantes populares que cuestionan al sistema. Se necesita que todos seamos iguales ante la ley.
“La corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos y suele ser la razón principal de sus desgracias sociales”: Jorge González Moore