- Tlaxcala
Aun cuando existe una orden de aprehensión en contra del empresario poblano, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco por el despojó de 7.8 hectáreas a Rafael Cervantes López en el ejido de San Luis Huamantla, ha logrado evadir la justicia gracias a los 7 amparos que ha presentado y a presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del Poder Judicial que lo estarían protegiendo por supuestos arreglos económicos.
Todo comenzó cuando Sergio Hernández Galindo Y Tomás Romero en contubernio Víctor Hernández Juárez, encargado de las parcelas 819 y 832 propiedad de Cervantes López, vendieron estos predios utilizando firmas falsas de los ejidatarios, rubricas que en un estudio hecho por la Procuraduría General de la República (PGR) se demostró que hubo dolo al no corresponder a algunos de los titulares de los ejidos.
Los sujetos antes mencionados hicieron el trámite de dominio pleno falsificando las firmas para tramitar en el Registro Público de la Propiedad del estado ya como si fuera una propiedad privada.
De los mil 550 ejidatarios debía de haber una mayoría de 50 por ciento más uno para que se pudiera avalar la venta, asamblea que no se llevó a cabo y que derivó en los actos de falsificación que descubriría la dependencia encargada de la procuración de justicia.
Conforme a la ley se debió aplicar el Derecho de Tanto, el cual consiste en tener la autorización de los hijos del propietario de la parcela ejidal, en este caso los hijos de Cervantes López, hecho que no se consumó, demostrando una vez más la ilegalidad con la que actuaron para fraguar el despojo.
A razón de estos hechos, Cervantes López llevó este caso a las instancias penales por despojó, donde logró acreditar la legalidad de titularidad como único dueño de ambas parcelas, sin embargo, se encontró con diversas trabas en el sistema de justicia de Tlaxcala, encontrando evasivas y actitudes sospechosas por parte de la Juez de lo Penal Olivia Mendieta Cuapio.
De acuerdo con la versión del agraviado, la juez después de posponer el caso de manera por demás sospechosa, dictó la sentencia en la que el empresario poblano tenía la obligación de restituirle sus tierras a Cervantes López, sin embargo, hasta la fecha continúan tomadas por personal de seguridad privada que se encuentran armados y que impiden el paso, infringiendo la resolución.
Aunado a la restitución del predio, la juez obsequió un auto de formal prisión en contra de Alarcón Rodríguez Pacheco desde el pasado 05 de diciembre, no obstante, hasta la fecha el empresario dueño del restaurant ubicado en Puebla llamado “Las Pampas”, ha logrado misteriosamente sortear a la justicia poblana, aun cuando el mismo Cervantes López ofreció una recompensa de mil dólares estadounidenses para quien otorgue información sobre su paradero.
Entre los argumentos que hay para evitar la restitución de la propiedad, la juez le ha hecho saber al despojado que se requiere de un avalúo pagado por él, asimismo, comenta que el procedimiento está suspendido y por eso no se restituye la propiedad, sin mencionar desde que momento se ha hecho la suspensión, acciones que no estarían respaldadas jurídicamente de acuerdo con los abogados del agraviado.
En el despojo también participó la abogada Claudia Cervantes Rosales, quien fue la que asesoró las acciones para que aplicarán el dominio pleno en 2007 utilizando la autorización que fue otorgada en 2002 para que unas parcelas les fuera conminada esta medida para la utilización plena de estos terrenos, aun cuando debía ser una autorización diferente.
Otra pieza del rompecabezas es el notario de Huamantla, Carlos Ixtlapale, quien fue el responsable de certificar como fedatario las firmas apócrifas de algunos ejidatarios para complementar el despojo de Cervantes López, quien se encontraba viviendo en ese tiempo en los Estados Unidos de América.
Para resguardar los terrenos que fueron arrebatados por el empresario de la construcción, Alarcón Rodríguez Pacheco utilizó personal de la empresa GSI que proporciona seguridad privada, en un principio fueron alrededor de 10 sujetos muy bien armados los que cuidaban el lugar, sin embargo, al paso del tiempo sólo han quedado un par de personas que impiden el paso al terreno que según la justicia debe ser restituido a quien ha detentado la propiedad por más de 30 años.
Al respecto, el afectado dijo a este medio la desilusión por la manera en la que se ha comportado la justicia del estado de Tlaxcala y de Puebla, ya que hasta el momento se ha visto en la necesidad de contratar un costoso bufet de abogados para demostrar que es el legítimo propietario de las parcelas 819 y 832 del ejido de Huamantla.
Lo más grave dijo es que en Tlaxcala protejan a personas foráneas que vienen a despojar a los tlaxcaltecas de sus bienes y que por un recurso económico no impartan justicia como debería ser, incluso al grado que él ha hecho oneroso gastos aun cuando él no es el infringidor de la ley, sino el agraviado.