- Tlaxcala
En los últimos 14 meses han desaparecido 7 niñas y 3 mujeres en la zona limítrofe entre Puebla-Tlaxcala, sin que las autoridades inicien investigaciones serias, denunciaron la Red Retoño y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social
En rueda de prensa celebrada en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), abogados y defensores de derechos humanos denunciaron que desde que se registró el robo de la menor de 13 años, Karla Romero Tezmol, hace 14 meses y que presuntamente era víctima de trata en Puebla, más de 10 mujeres, la mayoría menores de edad, han sido obligadas a subir a vehículos en movimiento.
Miriam Pascual, de la Red Retoño, y David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, han documentado que en todos estos casos, ocurridos en inmediaciones de San Pablo del Monte, las autoridades encargadas de procurar justicia han “extraviado” evidencias y videos trascendentes y se han negado a levantar la averiguación previa correspondiente.
Denunciaron un “patrón sistemático institucional de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala” para evitar investigación en los casos de desaparición de niñas y mujeres, feminicidios y violencia sexual en la “Zona de Riesgo”.
Entre las desaparecidas, además de Karla, están Brenda Tlatelpa Mora, Lizeth Cantor, Karla Mireya García Paredes, Sarahi Tezmol Salas, Sandra Elisa Xahuantitla, Aurora Paredes Vicente, Graciela Sánchez Esquina, Alberta Cruz Hueyo
Los defensores también documentaron que en todos los casos las autoridades de Tlaxcala han obstaculizado tanto la documentación como los protocolos oficiales, negándose a abrir carpetas de investigación y calificando los hechos como “no delictivos”, ocultando información a las familias, “perdido”“ evidencia, en una clara actuación omisa-cómplice que ha permitido que estos hechos se sigan repitiendo.
Pese a que esto se ha denunciado una y otra vez, los servidores públicos omisos y negligentes de la administración anterior continúan en sus cargos, señalaron.
Las madres de Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, menores de edad que fueron desaparecidas en octubre y diciembre de 2016 en San Pablo del Monte y recuperadas gracias a la actuación de vecinos, relataron los casos y explicaron cómo la Policía Municipal se negó a realizar acciones de búsqueda urgente, la negativa para activar la Alerta AMBER y cuando fueron a denunciar, autoridades las amenazaron con llevarlas a la cárcel si había alguna ambigüedad en sus declaraciones.
Como en el de Karla, en los dos casos hubo una deliberada pérdida de evidencia e indicios por parte de las autoridadespoliciales y ministeriales del estado de Tlaxcala, dijeron los defensores.
Sarahí y Sandra fueron localizadas por sus familiares con rastros de violencia física y sexual, sin embargo, el semen del agresor ni otras evidencias constan en las “actas circunstanciadas” ni en la cadena de custodia.
Pese a crecientes desapariciones, sólo la de Karla es oficial
Karla Romero Tezmol quien no ha sido localizada hasta la fecha, se sigue contabilizando según las cifras oficiales como la “única mujer/niña desaparecida en todo el estado de Tlaxcala”, pues gracias a la intervención de las organizaciones se ganó un amparo para que se abriera una Averiguación Previa por la posible comisión de un delito relacionado con su desaparición, su registro oficial seguiría oculto.
Miriam Pascual insistió en que pese a que son decenas de niñas y mujeres las desaparecidas en esa entidad se mantienen registradas como “hechos que no constituyen delito” en Actas circunstanciadas, sin que se reporte a los padrones oficiales el número de víctimas.
Explicó que en el caso de Karla Romero fue un Juez de Amparo quién obligó a las autoridades de la Procuraduría del Estado de Tlaxcala a iniciar una “averiguación previa” por su desaparición, elevando la Acta Circunstanciada que se había registrado “por hechos no constitutivos de delito” a una investigación formal por la posible comisión de delitos relacionados con el acto de su desaparición.
“No podemos decir que se trate de una complicidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y sus funcionarios con redes criminales, pero lo que es verdad es que existe una clara y nítida actuación de ellos para evitar dar con su paradero, para resguardar videos que puedan esclarecer y ayudar a su identificación", dijo David Peña.
Entre los llamados que hicieron a las autoridades está la creación de la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Vinculados a Trata de Personas, Feminicidios, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres; que se destituya y sancione a todos los servidores públicos que se han negado a investigar la violencia contra las mujeres y la trata de personas; emitir un Acuerdo en donde se obligue a todos los agentes del Ministerio Público a iniciar de manera inmediata las carpetas de investigación correspondientes; que se transparenten todas las cifras reales de desaparición, violación y feminicidio; que se respeten los derechos de las familias de las víctimas, que se les mantenga informados y que se diseñe un esquema de reparación integral del daño.