- Tlaxcala
Frenar la libertad de expresión en México, es un atentado que violenta y transgrede las garantías constitucionales ejercidas particularmente por los profesionales de los medios de comunicación; los sonidos, las palabras ahora en el silencio de periodistas recientemente asesinados, retumban y abren de nueva cuenta la imperiosa necesidad de exigir a las autoridades la protección y respeto a quienes ejercen el invaluable oficio de informar.
Nada ha funcionado en materia de seguridad cuando hablamos de proteger la vida de las personas; el semanario Zeta de Tijuana resalta que los más de 90 mil homicidios en los 50 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, evidencian la triste realidad de que sus estrategias (al igual que las emprendidas por Felipe Calderón) han fracasado rotundamente en la llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Una batalla contra el crimen que también ha dejado en los números del sexenio, más de 30 mil desaparecidos.
Tan solo en lo que va del año, de acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las ejecuciones de mexicanos han crecido un 32 por ciento, es decir, más de 70 asesinatos por día; el acumulado ya supera los 6 mil 500 en las últimas semanas.
En el caso de los periodistas asesinados en el país en este primer trimestre, van cuatro y uno más en Calpulalpan, Tlaxcala, según información de medios locales; además, monitoreando la prensa nacional, se habla que en el actual sexenio ha habido 63 homicidios con 51 periodistas, 4 familiares, 6 amigos y 2 civiles, todos ellos relacionados al ejercicio de la libertad de expresión; y le faltan a Peña Nieto casi dos años.
El diario el NORTE de Ciudad Juárez, ha sido cerrado después del asesinato de la periodista Miroslava Breach el 23 de marzo pasado; el director del informante, Óscar Cantú, dijo que la decisión que se tomó es porque no existen las condiciones para ejercer un periodismo “crítico y de contrapeso”, y que no seguirá poniendo en riesgo la vida de sus colaboradores.
Un periodismo crítico que se encuentra permanente amenazado en todo el territorio de la Nación; periodistas que por ejercer libremente su trabajo, están en un continuo riesgo de recibir los embates de particulares dedicados a la delincuencia o de las mismas autoridades, cuando son publicadas sus malas prácticas y actos de corrupción e impunidad.
Esta crisis de seguridad que padecen los periodistas tampoco está solamente en nuestras mentes, habría que decirle también al Señor Presidente; de acuerdo a una publicación de la Revista Proceso, la Federación Internacional de Periodistas, FIP, informó que con 11 asesinatos de profesionales de los medios de comunicación en 2016, México se ubicó en el tercer lugar mundial, detrás de Irak y Afganistán. Del año 2000 al 2017, cifras oficiales dan cuenta de 114 periodistas asesinados; solamente en el gobierno de la “joven promesa” del partido oficial, Javier Duarte en Veracruz, fueron ultimados por lo menos 17 periodistas y tres siguen desaparecidos.
Los delitos cometidos contra la libertad de expresión en nuestro país, no es un asunto menor, más aún cuando las fiscalías y procuradurías que fueron creadas para proteger a la prensa y procurarle justicia, desacreditan a los periodistas cuando son víctimas, separan los móviles del crimen de su actividad periodística y protegen a los políticos involucrados la mayor de las veces, cuando son expuestos a la opinión pública por sus actos de corrupción.
Artículo 19 ha denunciado que “los diversos mecanismos de protección que se han formado son inoperantes e incapaces de garantizar la labor periodística”. El gobierno de la República ‘‘deja muy lejos la mínima garantía de justicia y en consecuencia vulnera el derecho a la verdad, porque los periodistas optan por la autocensura ante la falta de condiciones para ejercer el periodismo’’, puntualiza a La Jornada la misma organización.
La inseguridad en la que trabajan los periodistas en México está tomando dimensiones desproporcionadas, al igual que la de todos los mexicanos, ya no hay lugar seguro en el territorio. Más del 99 por ciento de los delitos contra periodistas nos son esclarecidos, existe una “impunidad casi total que encubre a quienes matan y agreden periodistas”. El reporte 2016 de Artículo 19 puntualiza “que contrario a lo que pudiera creerse, no es el crimen organizado el principal perpetrador de las agresiones contra la prensa, sino las autoridades”.
La autoridad sigue sin comprender que en el caso de su proceder como gobierno, está sujeto no sólo a la fiscalización del ejercicio de sus funciones, sino a la crítica y al juicio de todos cuando es noticia, por ser precisamente de interés público. Debe aceptar además, que no es una buena decisión criminalizar a lo que definen como prensa incómoda, cuando informan su incorrecto proceder. La democracia, si es que queda un poco de ella, se encuentra en grave peligro cuando se atenta contra la libertad de expresión, cuando se intenta callar, inhibir o manipular y controlar presupuestalmente hablando.
Por cierto, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es el próximo 3 de mayo y habrá que preguntar qué hay que celebrar en México.