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Las leyes locales de los Estados tendrán que ajustarse sobre todo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Los diputados de la LXII del Estado de Tlaxcala participaron en los trabajos que durante el segundo día de trabajo se realizaron en la X Asamblea Plenaria de la Copecol en Campeche. El tema principal que se abordo fue la implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción, que varios Congresos estatales los tienen muy avanzados, entre los cuales se encuentra nuestra entidad.

Entre las actividades que se llevaron a cabo el día de hoy, cabe resaltar el panel “Implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción”, en el que participaron Rubén Guillermo Lecona Morales, Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Íñigo Fernández Batista, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, de la Secretaría de la Función Pública; Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación; y Benjamín Fuentes Castro, secretario técnico del Auditor Superior de la Federación, acompañados por el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche.

Ante diputados de Congresos locales reunidos en el Centro de Convenciones Campeche XXI, Rubén Guillermo Lecona Morales, mencionó que las Constituciones y las leyes locales de los Estados tendrán que ajustarse sobre todo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Dijo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no tiene un enfoque exclusivamente sancionatorio hacia los servidores públicos, sino que tiene un enfoque integral, prevé las diversas etapas para combatir eficazmente la corrupción, normatividad que viene a fortalecer a las instituciones encargadas de investigar y sancionar a los servidores públicos y a los particulares que participen en faltas graves, equilibrándolo con acciones preventivas.

Explicó que la citada ley establece un catálogo único de faltas administrativas y las respectivas sanciones, y se contemplan mecanismos de prevención de la corrupción, entre los cuales están la presentación de las declaraciones patrimonial, de intereses, y fiscal; la obligación de establecer códigos de ética, la facultad de la Secretaría de la Función Pública y su equivalente, de establecer criterios orientadores que ayuden a los servidores públicos a tomar decisiones y no incurrir en responsabilidades administrativas, y ciertos protocolos de actuación, sobre todo en contrataciones públicas.

Subrayó que las Entidades federativas no tienen que crear un marco sustantivo en materia de responsabilidades, es decir, no tienen que crear catálogos de responsabilidad administrativa, ni catálogos de sanciones, expresando que la idea de esta reforma es uniformar todos estos catálogos, así como los procedimientos para que tengan fortaleza en los tres niveles de gobierno, y lo que sí se debe hacer es adecuar las leyes locales al nuevo contenido de esta Ley General, abrogando los catálogos de conductas y sanciones que existan en otras leyes, así como procedimientos distintos para el fincamiento de responsabilidades.
 
Por su parte Íñigo Fernández Batista abundó sobre cómo está compuesto el Sistema Nacional Anticorrupción, qué es, quiénes lo integran, y cuáles son sus funciones, comentando que los Estados deben contar con una integración y atribuciones equivalentes al Sistema Nacional Anticorrupción; Víctor Manuel Andrade Martínez habló sobre las entidades de fiscalización, manifestando que lo que se busca es reducir los índices de impunidad, que cada Estado cuenta con un Tribunal de Justicia Administrativa y con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además de ajustar las leyes penales para tipificar los hechos de corrupción; mientras que Benjamín Fuentes Castro hizo alusión a la fiscalización local y los lineamientos para la fiscalización coordinada de participaciones federales, señalando que no es necesario crear sistemas locales de fiscalización.

Los trabajos de este viernes abarcaron el panel “Gobernabilidad ante la austeridad”, con la participación de los Gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.

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