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Por ejercer un presupuesto general para el poder legislativo de 170 mdp; cada uno percibe 1.2 millones de pesos anuales.

El Congreso del estado de Tlaxcala opera con un presupuesto de 6.8 millones de pesos por cada uno de sus 25 diputados durante 2017, gasto casi al doble con respecto a sus homólogo poblanos, cuyo Congreso funciona con 3.5 millones por legislador. En contrario, muy lejos está la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que es de 28.8 millones de pesos por diputado.

 

En este año, el sueldo bruto mensual de cada diputado tlaxcalteca alcanza los 100 mil 900 pesos, es decir, un millón 210 mil 800 pesos anuales, por representar en promedio a 52 mil 522 habitantes de sus respectivos distritos.

 

El Informe Legislativo 2017 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), revela que el Congreso tlaxcalteca – como los del resto del país – cuenta con conceptos adicionales para los legisladores que no se reflejan necesariamente en sus percepciones oficiales, tales como apoyo para automóvil,  pago de personal, entre otros.

 

El Congreso local que tiene presupuesto para este ejercicio fiscal de 220 millones de pesos – 50 de ellos ejercidos por el Órgano de Fiscalización Superior –, todavía tiene una importante disparidad en la equidad de género, pues solo el 28 por ciento de sus curules está ocupado por diputadas y el 72 por ciento son diputados.

 

El PRI como fuerza mayoritaria, por ejemplo, tiene cinco diputados por una diputada; el PAN tiene paridad de dos y dos; el PRD cuatro diputados y una diputada; el Verde uno y una; Morena un diputado; Nueva Alianza uno y una – padre e hija –; el PT un diputado; una independiente; mientras que los partidos de registro local suman tres diputados.

 

Los legisladores tienen como función defender el interés público, a pesar de su importancia, pocas veces son estudiados, monitoreados, llamados a rendir cuentas y a mejorar su desempeño, lo que se refleja en que según el Informe País sobre Calidad de la Ciudadanía en México (INE – Colmex 2015), el 82 por ciento de los mexicanos no confía en esos representantes populares.

 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro que investiga y actúa con base en evidencia para resolver los desafíos más importantes de México. Su misión es proponer políticas públicas y acciones viables e influir en su ejecución para lograr un México próspero e incluyente. Su visión es ser consultores de la sociedad mexicana para mejorar, con datos duros, el nivel del debate y las decisiones que afectan a nuestro país.

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