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Un juez federal admitió hoy a trámite un amparo que busca obligar a los estados omisos a crear sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), y a los que ya cuentan con ellos, a ajustarlos a las reglas del Sistema Nacional y la Constitución.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, admitió el amparo promovido por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, que busca que el Poder Judicial sea el que obligue a los estados a seguir las reglas de la Ley General del SNA.
La demanda fue presentada el 7 de agosto, pero el juez pidió al CPC hacer diversas aclaraciones, por lo que hasta hoy fue admitida, con lo que se emplazará a las Legislaturas de los 31 Estados y la Ciudad de México para que rindan informes sobre el tema.
Desde el 10 de agosto, el juez Ricardo Gallardo Vera había admitido otro amparo del CPC encaminado a que el Poder Judicial aclare que los Estados tienen que plegarse a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no tienen facultades para expedir sus propias normas.
El amparo admitido hoy busca obligar a que entidades como Chihuahua, Tlaxcala, Veracruz y Baja California concreten los cambios necesarios a sus leyes locales para implementar los respectivos SLA.
"También se busca que el juez federal ordene que los Comités Coordinadores de los SLA, se ajusten a las reglas establecidas en la Constitución Federal y en la Ley General del SNA, por cuanto hace a los funcionarios que deben integrarlos", explicó el CPC.
En el SNA, la presidenta del CPC, Jacqueline Peschard, también preside el Comité Coordinador, en el que hay seis representantes de órganos como el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Según el CPC, eso quiere decir que al menos 14.8 por ciento de los integrantes de los Comités locales deben ser representantes ciudadanos, además de que en algunos Estados se han incorporado a funcionarios que no son equivalentes de los federales.
Finalmente, el amparo pide forzar a los Estados a prever cómo enlazarán sus plataformas de fiscalización y sistemas digitales con las equivalentes del SNA, pues muchos omitieron normar el tema.
El trámite del juicio de amparo podría tomar varios meses, por la dificultad de recabar informes de todas las entidades, y porque cualquier sentencia que dicte el juez Gómez Fierro no obligará de inmediato a los Estados, sino que será revisable por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia.
Los Estados que aprueben la legislación o que hagan reformas a la ya aprobada, también podrían alegar ante el juez que el amparo debe quedar sin materia.