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Según la agrupación Versus Corrupción estaría implicado el dueño de la empresa Providencia y el exgobernador del estado

Casi un año le tomó a la agrupación Versus Corrupción para rastrear y revelar el fraude por más de 35 millones de pesos en el que aseguran que se encuentra implicado el exgobernador Mariano González Zarur y el empresario Rafa Torre Mendoza por irregularidades en la licitación y entrega de tabletas electrónicas.

Además de las facturas falsas con las que se justificó la compra por parte del gobierno del estado a la conocida empresa de Rafa Torre, hasta el momento no se sabe con claridad si se entregaron las 16 mil tabletas, ya que en un principio sólo fueron 5 mil las que fueron otorgadas a meses de que Mariano González dejara el cargo.

Información proporcionada por Versus Corrupción al portal “Línea de Contraste”  detallan las irregularidades que se presentaron en la adquisición y entrega de las tabletas, siendo Rafa Torre y Mariano González los principales culpable de lo que se presume una relación de corrupción al amparo del poder.

“De entrada, al solicitar el pedimento de importación, se descubrió que desde el año 2015, es decir, un año antes de que Mariano González Zarur hiciera entrega de las tabletas, éstas ya estaban en poder de su amigo, Rafa Torre Mendoza, personalísimo del ex Gobernador y uno de los principales inversores en la campaña del PRI en el 2010”, relató el medio digital.

La información revela que antes de que se llevara a cabo el proceso de licitación el pasado 23 de septiembre de 2016, el empresario chiautempense recibió información privilegiada el día 19 de septiembre y fue así como justificaría que la empresa Green View Technology Co. LTD reconocía a la firma La Casa de los Sueños, filial del Grupo Providencia y propiedad de Rafa Torre Mendoza, como su distribuidor oficial ante el Gobierno de Tlaxcala.

En la convocatoria de la licitación indica que sólo podían participar empresas que estuvieran especializadas en artículos electrónicos, sin embargo, la empresa de Rafa Torre en contubernio con el gobierno de estado habrían cifras, facturas, conceptos y fechas con la intención de que Grupo Providencia resultara ganador en el proceso de licitación.

Como prueba de que el corporativo chiautempense tenía el respaldo para hacerse de la millonaria licitación, se alterarían facturas una de ellas remitida al gobierno del Estado de Puebla por 28.8 millones de pesos, quitando el concepto de venta de cobertores por venta de equipo de cómputo.

“Algo similar ocurrió con un factura expedida al equipo de Fútbol Pachuca FC Club, a dicho documento Rafa Torre Mendoza le alteró todo, desde el concepto de la venta hasta los productos que supuestamente comercializó, solo que el empresario cometió un error, eliminar el código QR, de ahí que se supo que la transacción fue por un monto de 467 mil pesos y fue por la venta de blancos y toallas, y no por equipo electrónico, como lo declaró en un principio ante la Oficialía Mayor del Gobierno de Tlaxcala”, refiere “Línea de Contraste”.

En su momento, este periódico hizo una investigación sobre la compra de tableta en una tienda digital china, ya que las tabletas que entregó el gobierno del estado carecían de llevar una marca reconocida y se encontraron artículos con características similares en 34 dólares, al tipo de cambio de septiembre no rebasarían los 690 pesos.

Sin embargo, el gobierno del estado compró estos artículos en 2 mil 552 pesos ya con IVA incluido, lo que por las 16 mil tabletas, la ganancia podría haber sido de alrededor de 29 millones 788 mil pesos.

Lo más grave es que sólo se entregaron en un principio 5 mil tabletas y 11 mil quedaron pendientes, sin que hasta el momento se tenga información sobre la entrega de los artículos, mismos que resultaron de pésima calidad, según el relato de alumnos que se vieron “beneficiados”.

Después de la investigación de más de 10 meses Versus Corrupción afirma que llegará hasta las últimas consecuencias para fincar responsabilidades al empresario textilero y a Mariano González, por lo que se buscará una investigación oficial por la alteración de facturas y documentos fiscales.

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