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Derivado del incumplimiento del mandato de la justicia federal en relación a la no ratificación de Fernando Bernal Salazar como magistrado, el Colegio de Abogados de Tlaxcala argumentó que la falta en la que incurre el Poder Legislativo podría derivar en sanciones económicas para los diputados locales de manera personal o incluso se contemplan de cinco a 10 años de prisión.
De acuerdo con los juristas, el amparo otorgado por la justicia federal a Bernal Salazar obliga al Congreso del Estado a desistir de la no ratificación y debido al plazo otorgado ya tuvo que haberse cumplido con lo mandatado, ya que la prórroga que solicitaron de un mes los diputados fue desechada al solamente otorgarles 15 dias que ya fueron cumplidos.
En este sentido, la LXII Legislatura ha incurrido en desacato por no emitir el dictamen y derivado de esta situación se han hecho acreedores a una multa en base a lo que estipula la ley de amparo que refiere que la autoridad que dolosamente incumpla o no haga cumplir el acto reclamado se hará acreedor a mil días de salario mínimo, inhabilitación de cinco a 10 años e incluso a prisión de entre cinco y 10 años.
De acuerdo con los abogados, el Congreso debe e.itir un nuevo dictamen ya que el que realizó la anterior Legislatura se basó en omisiones que no son graves como el caso de inasistencias por parte del ex magistrado que en su momento fueron justificadas, incluso alguna de ellas fue en una fecha anterior a su llegada como magistrado, siendo que él entró en enero de 2013 y la supuesta falta es del 11 de enero de 2008.
Conforme a la justicia federal, no hubo causas de gravedad para la no ratificación, sin embargo, los diputados locales pretenden tomar nuevamente los argumentos de sus antecesores para justificar la no ratificación de Bernal Salazar.