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Faltan unas horas para que venza el ultimátum de tres días que le fue otorgado el pasado viernes a los diputados locales para que cumplan con emitir un dictamen sobre la ratificación o no ratificación del ex magistrado Fernando Bernal Salazar, ya que de no realizar por lo mandatado por la justicia federal, podrían ser incluso sujetos de una acción de tipo penal.
Fue el pasado 31 de octubre que la no ratificación de Bernal Salazar se propuso ante el Pleno del Congreso del Estado, sin embargo, la votación quedó entrampada al contabilizar 10 votos a favor y 10 en contra, por lo que el Poder Legislativo no pudo emitir un dictamen.
El amparo presentado por Bernal Salazar ante la justicia federal tiene como objetivo que el Congreso local emita un dictamen al respecto, no precisamente negativo o positivo, sino que se lleve a cabo.
Y es que uno de los motivos de la suspensión de Bernal Salazar fueron algunas faltas, no obstante, no hay contundencia con este argumento que debido a las inasistencias, algunas de ellas justificadas, representara un mal desempeño en su trabajo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Al intentar recurrir al tema de las faltas estarían incurriendo en repetición del acto reclamado, por lo que se podría fincar responsabilidad a los diputados considerando el artículo 267 de la Ley de Amparo que estipula que se impondrá una multa de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 mil días de salario mínimo o destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar cargos públicos.