- Tlaxcala
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros arremetió en contra del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, a quien cuestionó por su desempeño, la falta gobernabilidad, la impunidad y la corrupción que impera en el país gracias a la administración que encabeza Enrique Peña Nieto desde 2012.
La legisladora señaló que los resultados que presumió Osorio Chong contrastan con la realidad del país y sólo es un discurso con el que el gobierno federal priísta pretende maquillar la realidad que en diferentes rubros ha golpeados a los mexicanos.
Un claro ejemplo de la ingobernabilidad es la política fallida en materia de seguridad pública que ha hecho que 2017 sea uno de los años más violentos en las últimas décadas, lo que ha golpeado a miles de familias mexicanas que viven en la incertidumbre en cuanto a sus sus bienes pero sobre todo por su integridad física.
Otro caso que ha sido una de las más emblemáticas violaciones a los derechos humanos es la desaparición de los 43 normalistas de Tlatlaya, además de la fuga de Joaquín Guzmán Loera alias "el Chapo Guzmán", la persecución y asesinatos de periodistas; así como el espionaje a periodistas, políticos, empresarios y ciudadanos por parte de la administración priísta de Peña Nieto.
En otro aspecto, la carencia de gobernabilidad se notó ante el caos que se ha generado al tratar de llevar a cabo las labores de reconstrucción después de las catástrofes de los meses anteriores, donde desde el día del siniestro se vió una falta de coordinación para afrontar la situación entre los diferentes órdenes de gobierno, las instituciones y las autoridades encargadas, al ser la sociedad civil quién dio las mayores muestras de solidaridad y apoyo. En este sentido, las aportaciones y donaciones realizadas siguen sin tener un destino claro y es fecha en la que aún encontramos personas sin recibir ayuda e incluso viviendo en la calle.
Nuevamente el proceso democrático se vio violentado al no permitir un formato de comparecencia ágil y directo, que permita a los legisladores establecer su función de contrapeso, al limitar el número de participaciones y ser la Junta de Coordinación Política el área encargada de establecer el mecanismo de la sesión, de modo que sea el PRI quien tiene la última participación, con lo que se impide que el secretario responda a los últimos cuestionamientos.