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El examen del concurso para jueces, cancelado el pasado 14 de febrero por irregularidades, fue vendido a funcionarios de tribunales colegiados penales y unitarios en cinco estados de la República.
Gracias a la información que brindó el empleado de sistemas que extrajo ilegalmente el examen, la Unidad de Investigación ha establecido quiénes son la mayoría de los secretarios involucrados en la compra.
De acuerdo con funcionarios del Poder Judicial de la Federación, la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF detectó compradores en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa y la Ciudad de México.
La investigación además ha revelado que el precio del examen se abarató conforme se acercaba la fecha para presentarlo.
A los primeros interesados les pidieron un pago cercano a los 186 mil pesos; sin embargo, un día antes de su aplicación, ofrecieron las respuestas hasta en 25 mil pesos.
El responsable del robó de los reactivos, que pertenecía al área de sistemas, buscó a un amigo que trabajó como secretario de Acuerdos de un tribunal colegiado penal para concretar el negocio fraudulento.
Una vez que tuvieron contacto, le propuso vender el examen a algunos de sus ex compañeros de los distintos órganos jurisdiccionales.
Según informaron, la investigación por el robo de los exámenes inició cuando el Instituto de la Judicatura Federal (IJF) detectó patrones inusuales en los reactivos de opción múltiple.
Uno de las anomalías señalada es la coincidencia en las respuestas de varios concursantes a preguntas muy específicas.