- Tlaxcala
Tlaxcala fue el estado que mayor porcentaje de observaciones tuvo en una revisión hecha por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), que es un instrumento mediante el cual el gobierno federal otorga a los estados para la implementación de obras de infraestructura principalmente.
La ASF detectó que durante el primer año de la actual administración estatal (ejercicio 2017), las irregularidades alcanzaron el 66.9 por ciento de los fondos de gasto federalizado destinados para la entidad, colocándose junto con Michoacán como los estados que mayor porcentaje de anomalías tuvieron durante este año.
Los números que analizó la ASF y la SHCP refieren que dos de cada tres pesos gastados en Tlaxcala, no fueron justificados y hubo irregularidades como alta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, fondos o programas sin acreditar su aplicación en obras y acciones con cargo al FORTAFIN; recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la TESOFE.
Así como obra pagada no ejecutada o de mala calidad; conceptos no autorizados por la dependencia normativa; además de que se identificaron espacios de mejora en la calidad de la gestión de los recursos del FORTAFIN como el que no existe un planteamiento sobre el problema o necesidad de atender con el fondo, ni la justificación de la creación y del diseño del programa.
De acuerdo con la ASF y la SHCP, fueron un total de 221.3 millones de pesos que le fueron observados a Tlaxcala por el concepto de FORTAFIN ubicándose en la sexta posición a nivel nacional por el total de recursos con anomalías, ya que este monto representa el 66.9 por ciento del total recibido por la federación.
Esto quiere decir que en el estado, dos de cada tres pesos de los recursos que entregó la federación por el FORTAFIN fueron utilizados de manera incorrecta, colocando a Tlaxcala como uno de los estados líderes en el mal empleo de los recursos federales a diferencia de entidades como Sonora, Querétaro, Nuevo León, Chiapas, y Baja California que no tuvieron observaciones.