- Tlaxcala
Ante la voracidad que representó para la moderna gobernanza el uso de los recursos federales destinados a través del Ramo 23 y de los Convenios de Reasignación, el gobierno de la Cuarta Transformación del País disminuyó la entrega de estos dineros a Tlaxcala para cerrarle la llave a la corrupción que se generó al amparo del uso indiscriminado de estas partidas, acción en la que la entidad fue el segundo estado con mayor recorte solo por detrás de la Ciudad de México.
A nivel nacional de 9 mil 317 millones de pesos ejercidos durante 2018 en el ramo 23, pasaron a ser solo 642 millones de pesos para este ejercicio, lo que implicó una disminución de 8 mil 675 millones de pesos, siendo Tlaxcala una de las entidades con mayor contracción en estos recursos gracias a la corrupción que surgía en la manipulación de los mismos.
La intención del gobierno federal es que estos recursos no sean aplicados a conveniencia del gobernador, en este caso de Marco Mena Rodríguez, considerando que estás transferencias no está reguladas por la Ley de Coordinación Fiscal y han sido utilizadas en las entidades bajo diversas anomalías.
De acuerdo con el coordinador de Finanzas Subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Kristobal Meléndez estos convenios carecen muchas veces de transparencia y rendición de cuentas, por lo que resulta muy complicado consultar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos, lo que incluso es complicado para la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La medidas aplicadas por la federación en el caso de Tlaxcala, muestran que existe la clara intención de frenar la corrupción en la entidad pero además reconocen que ésta se encuentra enquistada en el gobierno local de Marco Mena Rodríguez, algo que los tlaxcaltecas saben y que ahora la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador combate.