- Educación
A diferencia de los nulos resultados en materia de procuración de justicia para esclarecer los asesinatos que han ocurrido frecuentemente en la entidad, el desalojo que se llevó a cabo el día de ayer del personal administrativo que tenía tomadas las oficinas de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), fue por orden del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para llevar a cabo unas diligencias de tres carpetas de investigación.
Casualmente ahora sí se puso a trabajar José Antonio Aquiahuatl Sánchez para la represión de los manifestantes que había tomado las instalaciones de la USET como medida de presión para que pudieran tener dialogo con las autoridades educativas, siendo la principal petición remover a la directora de Relaciones Laborales de esta dependencia, Claudia Xochihua quién es protegida de un encumbrado priísta de la actual administración de la moderna gobernanza.
Aquiahuatl Sánchez dijo que integraron tres carpetas de investigación; la primera fue por una denuncia de una persona que fue privada de su libertad en las oficinas de la dependencia; la segunda se derivó de que a una persona le retuvieron su vehículo particular casi durante un mes que han durado las manifestaciones y la otra la presentó el director Jurídico de la USET por daños al inmueble y allanamiento.
Gracias a sus sobresalientes dotes pudieron integrar las carpetas para llevar a cabo la diligencia física y con el pretexto de que ahora sí se puso a investigar la PGJE, pudieran desalojar a los manifestantes con un exceso uso de la fuerza pública según los quejosos pero para el procurador sólo fue una cordial invitación a retirarse del lugar.
El abogado de Tlaxcala sostuvo que se solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para amedrentar a los manifestantes y no se pusieran necios a pesar de que según Aquiahuatl Sánchez, los granaderos no llevaban armas y estuvieron presentes en todo momento los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que fue impuesta por el partido gobernante en la pasada legislatura.
Y es que mientras la versión oficial es que fue un desalojo sin violencia, los manifestantes argumentan que hubo personas lesionadas y que sí hubo un exceso en el uso de la fuerza pública por parte de los policías estatales que llegaron la madrugada de este martes a las instalaciones de la USET.
Fueron tres hombres y una mujer las personas que resultaron detenidas por resistirse al desalojo, por lo que ya hay abogados que están analizando su situación, mientras tanto, el presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya tiene conocimiento de los hechos luego de que los representantes de este grupo de manifestantes, acudieran de manera personal a la casa del titular del Poder Ejecutivo federal para exponer las represalias por parte del gobierno de Marco Mena Rodríguez.
Con estas acciones el incompetente Manuel Camacho Higareda piensa que ya resolvió el conflicto que deriva de la necedad de mantener a Claudia Xochihua como directora de Relaciones Laborales, sin embargo, está lejos de que acabe esta situación en la que la cerrazón y falta de dialogo ha permeado en detrimento de la educación en lo que se llama la moderna gobernanza.