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A principios de la LXIII Legislatura, el grupo parlamentario de Morena propuso la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), presuntamente para garantizar la procuración de la justicia legal a los Tlaxcaltecas, sin embargo todo quedó en buenas intenciones.
En un principio se pretendía homologar a la entidad después de que el Congreso de la Unión aceptó la puesta en marcha para el nivel federal, sin embargo para el gobierno local la intención no fue viable.
Apenas en mayo de este año, el entonces titular de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Víctor Báez López, consideró desde su punto de vista que la Procuraduría General de Justicia cumplió su ciclo de vida y que, aunque trató de dar resultados, el reclamo de la sociedad pidió una representación real en la persecución de los delitos que lastiman y laceran a las víctimas.
Según la reforma constitucional que presentó para crear la Fiscalía General de Tlaxcala y la designación del titular se consideró que participarán los Poderes Legislativo y Ejecutivo, quienes estarían obligados a generar condiciones de imparcialidad, sin intereses políticos o dependencia económica de por medio, lo que aseguraría su tarea para perseguir el delito, principalmente cuando las investigaciones impliquen a los servidores públicos de cualquier orden de gobierno.
La línea es que cuente con un marco jurídico robusto, que sea autónoma y que cuente con una estructura profesional suficiente, con vocación de servicio y adecuada a las circunstancias del estado, pero que al mismo tiempo reciban salarios dignos que les den una estabilidad económica alejada de tentaciones.
Algunos morenistas aún confían que para el siguiente periodo de sesiones o el resto de la administración se vuelva a retomar el tema para darle un giro total a la justicia en Tlaxcala.