- Salud
La suspensión de servicios como consulta externa, diagnósticos y cirugías programadas en los hospitales y centros de salud del Estado de Tlaxcala, podrían atraer como consecuencias la muerte de pacientes que requieren de ser intervenidos.
Lo anterior se deriva de un berrinche protagonizado por la lideresa del sindicato SNTSA, Sección 27 del SNTSA, Blanca Águila Lima, quien por intereses propios exige la destitución de la Directora Administrativa, Guadalupe Zamora.
Además, es importante agregar que la doctora Cristal Corona Sánchez, Presidenta del Observatorio Mexicano de Bioética A.C. y Ex directora y fundadora de la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala envío un comunicado a la opinión pública en relación al paro de la SESA, señalándolo como ilegal, no ético y que viola el derecho humano a la salud de los tlaxcaltecas.
Refiere que el problema es de gran magnitud por el número de personas afectadas, como las 182 consultas por día suspendidas en el Hospital Regional de Tzompantepec o las 6 cirugías suspendidas en tan sólo un hospital de los 12 que opera el OPD Salud de Tlaxcala y los centros de salud.
No es un paro ético por las consecuencias que puede tener y porque solo utiliza a los pacientes como rehenes para que la líder sindical obtenga su objetivo, que quiten a la administradora. Es un paro que hace más daño que bien y daña a los más vulnerables.
Es un paro ilegal, en el que no existe una huelga legal, y esto puede repercutir en el plano laboral, penal y civil, por la responsabilidad de los trabajadores de la salud al abandonar sus actividades y violar el derecho humano a la salud de la población. En especial se viola la Constitución y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.
Concluye que:
La magnitud de las consecuencias del paro convocado por la Sección 27 del SNTSA pueden ser retraso en diagnóstico, tratamiento e incluso muerte de pacientes.
Un paro de estas características es éticamente insostenible.
Es un paro ilegal con repercusiones laborales, civiles y penales para los trabajadores de la salud.
Las autoridades sanitarias tendrán que aplicar la ley laboral al tiempo que solventen las deficiencias administrativas.
La sociedad tlaxcalteca no puede permanecer indolente ante los intereses personales o de grupo que afectan a miles de enfermos vulnerables de nuestro estado.
La violación del derecho humano a la salud por el paro tendrá que ser atendida por las instancias protectoras de derechos humanos correspondientes.