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Después de más de cinco meses de que un grupo minoritario de diputados locales se inconformaran de la remoción de Irma Garay Loredo al frente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), bajo el argumento de que se ejerció violencia política en razón de género y acudieron a diferentes instancias, finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desechó el recurso presentado por los legisladores.
Fue la diputada regiomontana que decidió acudir a instancias electorales y de justicia con el pretexto de que había sido removida de la JCCP por violencia política con razón de género, sin embargo, la realidad fue un acuerdo político como el que sucede en cualquier órgano de gobierno y con los representantes populares.
Al no aceptar una decisión autónoma de una mayoría que en este caso sucedió en el Poder Legislativo, Garay Loredo buscó la manera de mantenerse en esta posición para seguir con los privilegios de la JCCP.
A final de cuentas, la máxima autoridad en materia electoral, le cerró la puerta a su capricho y ya no hay otra instancia a la que pueda acudir para argumentar la violencia de género.
Dentro de la misma queja estaba la molestia por la repartición de las diputaciones plurinominales en primer lugar para las mujeres, ya que muchas de ellas pensaban en la reelección.