- Seguridad
La nueva administración emanada de la 4T que representa la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros deberá enfrentar la difícil situación que vive la entidad por el número de delitos que se comenten, principalmente aquellos de alto impacto que afectan directamente a las familias tlaxcaltecas como el caso de los asesinatos que en estos momentos tienen números que alcanzan los 10.3 en promedio por cada mes.
La cifra que dejó el exgobernador priísta, Marco Mena Rodríguez es alta y muestra el estado de descomposición, pero sobre todo la impunidad que permite que este tipo de delitos aumenten, debido a que difícilmente son castigados por parte de las autoridades, que hoy tienen al mando de esta situación a la procuradora, Ernestina Carro Roldán.
Durante el mal logrado gobierno heredado por Mariano González Zarur a través de un fraude electoral, se tuvieron un total de 579 homicidios dolosos, según los números oficiales que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que evidencian que, en estos 56 meses, hubo una política errada para combatir la impunidad.
El turno es ahora para Ernestina Carro Roldán acompañada del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Sergio González Hernández, encargado de la Secretaría de Gobierno (Segob), deberán dar resultados a la población y evitar que este tipo de delitos que afectan a los tlaxcaltecas sigan proliferando.
El compromiso de Lorena Cuéllar es apaciguar esta situación mediante la procuración de justicia efectiva y expedita, por lo que los encargados de estas áreas sensibles, deberán dejar lucimientos personales y sus aspiraciones políticas para enfocarse en dar resultados y cumplir las altas expectativas generadas por este nuevo gobierno.
Y es que, en algunos temas ya se ha dejado ver la falta de oficio y capacidad para enfrentar este tipo de problemas, siendo el caso del municipio de Xicohtzinco la muestra de que no todos están a la altura de las circunstancias, más aun cuando funcionarios como Mario Cervantes, director de Gobernación era quien quería sacar raja económica y política al presionar al alcalde para entregar posiciones a los detractores del edil.