• Hueyotlipan
  • Juan Pablo Mena
El alcalde de Hueyotlipan fue liberado pese a que se encontraba en posesión ilegal de armas, mientras que sigue en duda el supuesto suicidio de una empresaria

Tal parece que en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), alguien se ha empeñado en desacreditar a esta institución con tal de seguir intereses personales, tal y como quedó demostrado en los últimos días con casos que lejos de dar certidumbre a los tlaxcaltecas, levantan dudas sobre el verdadero actuar de la dependencia que en teoría está encargada de procurar la justicia en el estado más seguro del país.

Aunque no todo ha sido competencia de la PGJE, ha habido sucesos extraños en la entidad como un alcalde ebrio en posesión y uso de armas de fuego de manera ilegal, quien gracias a un poderos funcionario estatal, logró librarse de toda esa investigación molesta que realizan dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

Algo con toques de similitud con el caso de una empresaria apizaquense, quién de acuerdo con sus conocidos y familiares, era violentada por su pareja sentimental, siendo un supuesto suicidio la causa por la que la joven mujer perdió la vida, ignorando los protocolos de feminicidio por parte de las autoridades encargadas de la investigación.

En los dos casos que acontecieron en menos de una semana, existen sospechas de cómo es que simplemente, no hay culpables a pesar de que no se siguieron los pasos correspondientes en materia de investigación, despertando la duda sobre si se está actuando conforme a derecho en Tlaxcala, ya sea en dependencias federales o estatales.

En el caso del edil que fue encontrado con armas ilegalmente, es claro que recibió ayuda de alguien para que en la FGR lo dejaran libre, situación que no se llego a cabo bajo los procedimientos que marca la ley.

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