- Seguridad
Tras reunir los elementos probatorios, el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo que un Juez de Control vinculara a proceso a Daniel N. y Jorge N., por el delito de allanamiento de morada.
El 2 de diciembre de 2023, elementos policiacos de la dirección de Seguridad Pública municipal de Tetlatlahuca realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia, cuando recibieron una llamada telefónica para trasladarse a la comunidad de Tenango, ya que un grupo de personas habían retenido a tres masculinos.
Ante este hecho, los efectivos policiacos se trasladaron al lugar y se entrevistaron con un hombre, quien refirió que los tres hombres habían ingresado al domicilio de su progenitor, por ello, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
En la audiencia, el Ministerio Público expuso los datos probatorios y el Juez de la Causa determinó vincular a proceso a Daniel N. y Jorge N., y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.
La Procuraduría General de Justicia del Estado trabaja en acciones que contribuyan a combatir los delitos que atenten contra la seguridad de las persona.
Detienen a otra persona por fraude
Un Juez de Control contó con los datos probatorios suficientes aportados por el Ministerio Público del fuero común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para vincular a proceso a Iván N., por el delito de fraude.
Los hechos asentados en la carpeta de investigación refieren que, el 23 de febrero de 2021, el ahora imputado le vendió a un hombre un vehículo marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2018, color gris.
Derivado de ello, la víctima realizó las inspecciones correspondientes a la unidad, las cuales arrojaron que contaba con reporte de robo en el estado de Morelos, por lo que presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
En la audiencia, el representante del fuero común presentó los datos probatorios, los cuales fueron valorados por el Juez de la Causa, quien resolvió vincularlo a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado trabaja para hacer cumplir la ley contra quién o quiénes atenten contra los bienes de las personas.