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Ante la detención del presidente municipal de Zacatelco Hildeberto Pérez Álvarez y el ex alcalde de Panotla Eymard Grande Rodríguez acusados de desvío de recursos, otras autoridades municipales también han incurrido en una serie de irregularidades financieras que los pondría en el ojo del huracán.
Por citar algunos municipios durante el ejercicio 2022, el Congreso del estado reprobó las cuentas públicas de San Pablo del Monte, Contla, Tlaltelulco, Mazatecochco, Tequexquitla, Cuapiaxtla, Texoloc, Apetatitlán y Muñoz de Domingo Arenas.
En el caso específico San Pablo del Monte que preside el polémico alcalde, Raúl Tomás Juárez, arrastra un quebranto de 24 millones 392 mil 715.71 pesos.
Lo sigue Tlaltelulco, que encabeza Marco Antonio Pluma Meléndez, en donde se detectó un daño patrimonial por 17 millones 903 mil 950.81 pesos.
Mientras que, en el municipio de Tequexquitla, se detectaron irregularidades por 12 millones 923 mil 764.55 pesos, Mazatecochco con daño patrimonial por 11 millones 856 mil 173.50 pesos; Cuapiaxtla a manos del alcalde Antonio Romero, con 8 millones 38 mil 986.16 pesos y Texoloc, que encabeza Arturo Covarrubias Cervantes, hermano del diputado Miguel Ángel, con 3 millones 474 mil 976.29.
Mientras que en el caso de El Carmen Tequexquitla, los dos periodos, del 1 de enero al 30 de agosto y del 31 de agosto al 31 de diciembre, fueron reprobadas por un daño de 16.5 millones de pesos y 2.9 millones de pesos, respectivamente.
En Contla, que encabeza el morenista, Eddy Roldán Xolocotzi, también reprobó sus estados financieros, ya que incurrió en irregularidades por 5 millones 406 mil 33.2 pesos, ya que realizó pagos a empresas con presunta simulación de compra–venta de bienes y/o servicios, las llamadas factureras, por 4 millones 713 mil 230.73, así como pagos por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores a los del mercado por 47 mil 304.76 o volúmenes de obra pagados no ejecutados por 206 mil 314.49, entre otros.
Son varias las autoridades que han incurrido en inconsistencias financieras, por lo que no se descarta la posibilidad de que la autoridad judicial los requiera para aclarar cada una de las observaciones que presentan sus estados financieros.
“No se ubican dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos”, establecen los dictámenes.