- Apizaco
El alcalde de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, fue acusado de utilizar el programa federal "Jóvenes un Construyendo el Futuro" para financiar la contratación de trabajadores en su empresa “Súper Rivera”.
Según denuncias de empleados, hechas a través de redes sociales, el munícipe identificado como un "ladrón que lucra con la necesidad de las personas", obliga a su personal a trabajar más de nueve horas diarias, recibiendo un salario de solo 600 pesos por semana.
Los trabajadores han expresado su descontento, señalando que las condiciones laborales son injustas y que el salario no se ajusta al esfuerzo y tiempo que dedican a sus labores.
Calificaron a Rivera como un explotador laboral toda vez que la carga de trabajo es excesiva y no corresponde al salario que devengan. Además de que las labores en algunos casos requieren del uso de la fuerza o de tareas difíciles de realizar, “por un pago miserable, la verdad no vale la pena”, comentó uno de los afectados.
Otra de las quejas es que el edil utiliza el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual está destinado a brindar oportunidades laborales y capacitación, pero según los denunciantes, el objetivo está siendo malinterpretado en este contexto, ya que los jóvenes se ven atrapados en condiciones que no favorecen su desarrollo.
Y es que a través de este programa, el empresario estaría ahorrándose el salario de trabajadores que requiere la empresa, pues al contratar a jóvenes de dicho programa, el alcalde abusaría de ellos laboral y económicamente porque los hace trabajar más de la cuenta en horarios no establecidos y con una carga de trabajo excesiva.
Las críticas no solo se centran en el manejo del programa por parte del alcalde, sino también en la falta de regulación y supervisión sobre cómo se implementan estos apoyos en el ámbito local.
Por esta razón, los quejosos están pidiendo una revisión de las políticas laborales y una intervención de las autoridades para garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados y que los programas federales se utilicen de manera correcta y justa.
Y es que la situación en la que ha incurrido el alcalde pondría en duda su ética empresarial y la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión de recursos destinados al bienestar de la comunidad.