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  • Cristian Mastranzo Garrido
La evasión de preguntas sobre los vehículos blindados y las declaraciones sobre delincuencia organizada deja abierta la especulación.

El secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, evitó este jueves dar declaraciones sobre la posible adquisición de camionetas blindadas por parte de la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar y las recientes declaraciones de alcaldes que admitieron la presencia de la delincuencia organizada en sus municipios, respaldadas por grabaciones.

Entrevistado posterior a la entrega del paquete económico 2025 que se realizó en el Congreso del Estado, Ramírez Hernández fue cuestionado sobre ambos temas, pero adoptó una postura evasiva, enfocándose únicamente en hablar sobre el presupuesto estatal.

Al cuestionarle  si la administración de Lorena Cuéllar había adquirido vehículos blindados para el gobierno estatal y si este proceso había sido sometido a licitación pública, el funcionario visiblemente incómodo, desvió la conversación, asegurando que no se referiría a temas de compra de vehículos ni a procedimientos específicos relacionados con licitaciones. 

Reiteró que los detalles de esas gestiones no serían parte del evento que lo ocupó asistir al poder legislativo  y sugirió que los medios solo se enfocaran en el tema del paquete económico, el cual había sido entregado ese día.

Otra de las inquietudes planteadas por los reporteros fue sobre las recientes declaraciones de varios alcaldes tlaxcaltecas, quienes, en grabaciones filtradas, admitieron la presencia de la delincuencia organizada en sus respectivos municipios y la complicidad de algunas autoridades locales con estos grupos delictivos. 

Ante esta pregunta, Ramírez Hernández no abordó el contenido de las grabaciones ni las implicaciones que estas podrían tener para la seguridad en el estado. 

El comportamiento del secretario de Gobierno refleja una posible falta de transparencia o de control sobre los temas de seguridad y adquisiciones en la administración estatal. 
La evasión de preguntas sobre los vehículos blindados y las declaraciones sobre delincuencia organizada deja abierta la especulación sobre el nivel de involucramiento y responsabilidad de las autoridades en estos asuntos.