• Apetatitlán
  • Cristian Mastranzo Garrido
El cabildo, ante la falta de resultados en la materia, ha exigido al edil sancionar a los responsables dentro de la corporación policiaca.

El alcalde de Apetatitlán Azaín Ávalos Marbán, estaría solapando una red de corrupción al interior del municipio, debido a su inacción para frenar los hechos delictivos que a diario enfrenta el municipio, así como los actos de corrupción al interior de la dirección de seguridad pública.

La situación se ha vuelto insostenible para la población, que señala que parece existir un acuerdo tácito con las bandas de robo, especialmente con los delitos de desvalijamiento de vehículos, que ocurren de forma recurrente sin intervención policial.

Este problema ha escalado hasta el cabildo, donde regidores y presidentes de comunidad confrontaron al alcalde en una de las últimas sesiones del consejo municipal. En esa reunión, además de exigirle acciones concretas para resolver la creciente inseguridad, también se presentó evidencia de corrupción dentro de la policía municipal, señalando específicamente a un elemento identificado como Baltazar.

Según los regidores, Baltazar ha sido parte de la corporación policiaca desde administraciones anteriores y ha sido señalado repetidamente por presuntas extorsiones a conductores. Se ha denunciado que este elemento cobra hasta 10 mil pesos a los conductores para evitar detenciones, lo que genera un clima de impunidad.

En su momento, el caso fue llevado ante la Fiscalía Anticorrupción, pero fuentes cercanas al caso afirman que Baltazar logró “arreglar” el asunto con un Policía de Investigación, entregando parte del dinero al alcalde Ávalos Marbán como una especie de “cuota”.

El cabildo, ante la falta de resultados en la materia, ha exigido al edil sancionar a los responsables dentro de la corporación policiaca. Sin embargo, la pasividad del alcalde y la impunidad con la que operan algunos elementos de la policía hacen temer que la situación en Apetatitlán continúe empeorando y se interprete que el edil tiene intereses personales y económicos para no sancionar a aquellos personajes que dañan la imagen del municipio.