- Política
De acuerdo con los informes de resultados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) correspondiente al ejercicio fiscal de 2023, el gobierno del Estado de Tlaxcala fue observado por no haber aclarado, un año y dos meses después, el uso y destino de 94 millones 827 mil 392.93 pesos en obras que ejecutó en ese año.
Se trata de los recursos destinados a Tlaxcala a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), que es una fuente importante de financiamiento para las entidades federativas cuyos recursos se deben destinar a atender diversos requerimientos como el fortalecimiento de sus presupuestos y su saneamiento financiero.
No obstante, en el caso de la administración de Lorena Cuéllar Cisneros, entre las observaciones realizadas por la ASF, destacan un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de un millón 550 mil 339.14 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar los recursos del FAFEF para el pago de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información, materiales y equipos menores de oficina, material impreso e información digital, materiales y útiles de enseñanza, utensilios para el servicio de alimentación y blancos y otros productos textiles, conceptos que no están previstos para financiarse con los recursos de este fondo
Y es que los recursos de este fondo deben ser utilizados exclusivamente para la inversión en infraestructura física, amortización de la deuda pública, apoyo al saneamiento de pensiones y reservas actuariales, la modernización de Registros Públicos, sistemas de protección civil o en educación pública, pero el gobierno utilizó parte de ellos prácticamente para la compra de despensa.
Otra observación de probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de un millón 243 mil 576.93 pesos fue por realizar pagos con recursos del FAFEF del contrato SI/PROALR/026/23, sin acreditar que se tiene la propiedad legal del predio donde se realizaron los trabajos.
Aunque quizás la observación más severa, es un probable daño o perjuicio por un monto de 92 millones 33 mil 476.86 pesos, por realizar pagos de una obra identificada con el contrato número SI/PROALU/093/23, sin haberse realizado los trabajos al momento de su pago, en pocas palabras le adelantaron al constructor más de 100 millones de pesos, pero hasta la fecha, no se tiene información sobre la totalidad de su ejecución, pues a más de 14 meses, el gobierno no ha presentado el acta de entrega-recepción, el acta de extinción de obligaciones, el acta de finiquito ni el oficio de terminación de la obra, en términos generales se estaría hablando de una obra fantasma.
Estos 94.8 millones de pesos observados se suman a los 234 millones 846 mil 984.52 pesos que le fueron observados por pagos excesivos de bonos y compensaciones principalmente de funcionarios de medio y alto nivel, pagos a aviadores y las mañosas licitaciones efectuadas por la Oficialía Mayor de Gobierno en coordinación con las diferentes dependencias gubernamentales.