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Las diputadas del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala (PRDT), Blanca Águila Lima y Laura Yamili Flores Lozano, reiteraron su solicitud para que los responsables de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ernestina Carro Roldán y Alberto Perea Marrufo comparezcan ante el Congreso del Estado. Ante la falta de avances en este proceso, urgieron a las Comisiones correspondientes a dictaminar la propuesta presentada desde el año pasado.
Este jueves, Águila Lima, quien es la coordinadora de su fracción parlamentaria en la LXV Legislatura, recordó que fue el 8 de octubre de 2024 cuando la diputada Flores Lozano presentó una iniciativa para que Ernestina Carro Roldán, titular de la FGJE, y Alberto Martín Perea Marrufo, titular de la SSC, rindieran cuentas sobre el aumento de los delitos en Tlaxcala y el acceso a la justicia para las víctimas, en virtud de sus responsabilidades.
Sin embargo, hasta el momento, la propuesta no ha recibido respuesta por parte de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos, Águila Lima presentó una Iniciativa con Proyecto de Acuerdo para que dichas comisiones se reúnan de manera urgente y dictaminen el expediente LXV 106/2024, que solicita la comparecencia de los funcionarios.
La diputada destacó que la falta de dictaminación está infringiendo los artículos 76, 77 y 80 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que estipulan los procedimientos y plazos para la atención de los asuntos.
Según estos artículos, las Comisiones involucradas debían haber emitido el dictamen correspondiente a más tardar el 8 de noviembre, pero no lo hicieron ni solicitaron una prórroga, ni concluyeron el trámite, lo que evidencia una omisión por parte de los responsables.
Águila Lima enfatizó que esta omisión está retrasando sin justificación las comparecencias solicitadas, lo que impide que se esclarezca la situación de seguridad y justicia en Tlaxcala. Aseguró que la falta de acción está demostrando un incumplimiento de las funciones y responsabilidades que los legisladores asumieron al ocupar sus cargos.