• Zacualpan
  • Cristian Mastranzo Garrido
La alcaldesa Sandra Corona poco pudo hacer para impedir esta decisión que ahora la mantienen como cómplice de esta decisión arbitraria encabezada por los fiscales y que ella habría aprobado pese a que sabe que estarían incurriendo en un delito.

Una polémica sacude al municipio de Zacualpan  luego de que fiscales de la iglesia local colocaran rejas en la plaza principal, un espacio público protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

La acción se llevó a cabo sin la debida autorización del gobierno municipal encabezada por Sandra Corona Padilla,  lo que ha generado una gran preocupación por el impacto en la imagen de este importante lugar histórico para la comunidad.

A pesar de que los fiscales cuentan con un documento que certifica a la plaza como un monumento histórico, este espacio tiene estatus de propiedad federal conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Esto significa que cualquier intervención en el área debe contar con la aprobación de las autoridades federales, particularmente del INAH.

 La ley establece que estos espacios deben ser conservados de acuerdo con las regulaciones establecidas, y cualquier alteración sin autorización podría conllevar graves consecuencias legales.

Sin embargo, la alcaldesa Sandra Corona poco pudo hacer para impedir esta decisión que ahora la mantienen como cómplice de esta decisión arbitraria encabezada por los fiscales y que ella habría aprobado pese a que sabe que estarían incurriendo en un delito.

Y es que la  presidenta municipal tiene la facultad de aplazar o de haber impedido esta decisión, pero dejó que la situación avanzara hasta las fatales consecuencias.

Este incidente ha generado una gran preocupación entre los habitantes de Zacualpan, quienes temen que la intervención no autorizada pueda afectar la preservación