- Congreso
La diputada Lorena Ruiz García hizo un enérgico llamado a los gobiernos municipales para garantizar la aplicación plena de la Ley 3 de 3 contra la violencia, aprobada en 2023, la cual impide que personas agresoras, acosadoras o deudoras alimentarias ocupen cargos públicos.
En su posicionamiento, la legisladora subrayó que esta ley representa un avance histórico en la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, al establecer que ninguna persona con antecedentes de violencia de género puede acceder a funciones de gobierno.
“No se trata de una persecución, sino de una exigencia ética mínima para quienes aspiran a representar al pueblo”, afirmó Ruiz García.
Destacó además la importancia de que los ayuntamientos revisen con responsabilidad los perfiles de quienes ya ocupan o buscan cargos públicos, al considerar que el ámbito municipal es donde se vive de forma más directa el ejercicio del poder, y también donde se han documentado prácticas violentas contra mujeres.
La diputada reiteró su compromiso con una agenda legislativa con perspectiva de género, centrada en la dignidad, seguridad y vida de las mujeres. “Ni un paso atrás en los derechos conquistados”, concluyó.