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  • Luis Castillo
No debe confundirse con las reglas aplicables a otros cargos de elección popular.

El presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González, confirmó que las personas que actualmente ocupan cargos dentro de la administración pública estatal y que aspiran a una candidatura en el proceso de elección del Poder Judicial no están obligadas a separarse de sus funciones.

Sin embargo, dijo que si estarían obligados a separarse del cargo a aquellos aspirantes que ostenten cargos de titulares de secretarías, es decir, que sus remuneraciones económicas sean a la de los funcionarios de primer nivel de la actual administración, supuesto en que se encontrarían magistrados en funciones y algunos miembros del Consejo de la Judicatura.

El consejero dijo que un ejemplo de los que no están obligados a separase de su puesto es el de Stefany Pérez Bustamante, actual titular de la Coordinación de Bienestar Animal (CBA), quien participa en este proceso electoral sin dejar su puesto.

Ávila González precisó que esta situación se encuentra dentro del marco legal y que no representa ninguna irregularidad, dado que la normativa electoral vigente no contempla dicha exigencia para este tipo de candidaturas.

El titular del ITE enfatizó que este criterio se aplica específicamente a los procesos de elección interna del Poder Judicial, por lo que no debe confundirse con las reglas aplicables a otros cargos de elección popular, donde sí se exige la separación previa del cargo para garantizar equidad en la contienda.

Esta aclaración cobra relevancia en medio del actual proceso electoral, donde diversos perfiles del servicio público han mostrado interés en participar, lo cual ha generado dudas sobre los requisitos y limitaciones que deben cumplir.

Ávila González reiteró el compromiso del ITE con la legalidad y la transparencia del proceso, asegurando que todas las candidaturas serán evaluadas conforme a lo que marca la ley.

Sin embargo no precisó qué paso con los magistrados que irán a la elección y los miembros del Consejo de la Judicatura que reciben un salario similar al que obtienen los miembros de las secretarías del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.

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