• Tlaxcala
  • Erika Pérez
Puebla replicará la reforma penal que impone hasta 12 años de cárcel a quienes promuevan estos negocios.

La reciente reforma aprobada por el Congreso de Tlaxcala para castigar severamente la operación de “table dance” ha comenzado a generar eco en entidades vecinas como Puebla, donde las autoridades legislativas ya analizan adoptar una medida similar, reconociendo el impacto social compartido por la cercanía entre ambos estados.

Tlaxcala ha dado un paso contundente en el combate a los llamados “giros negros”, también conocidos como table dances, con una reforma penal que establece sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes promuevan o permitan este tipo de actividades. A propuesta del Ejecutivo estatal, el Congreso de Tlaxcala aprobó en abril pasado esta iniciativa que también contempla multas y la clausura definitiva de los establecimientos involucrados.

La reforma, de carácter ejemplar, busca erradicar la operación impune de estos negocios, proteger a las posibles víctimas de explotación y violencia, y generar un entorno más seguro para las mujeres. En el dictamen, los legisladores tlaxcaltecas señalaron que estados como Chiapas, Tamaulipas y Coahuila han registrado una disminución notable en la violencia de género tras el cierre de este tipo de negocios.

Ante esta acción, el Congreso de Puebla ha manifestado su interés en replicar la medida. La presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JUCOPO) del Congreso poblano, Laura Artemisa García Chávez, anunció que sostendrán reuniones con sus homólogos tlaxcaltecas para analizar los alcances de la reforma. "La cercanía entre nuestros estados hace que compartamos problemas sociales similares. Seguiremos el ejemplo de Tlaxcala para tomar acciones firmes contra los giros negros", afirmó.

La coordinación interestatal se perfila como una estrategia clave para combatir fenómenos de explotación y violencia asociados a estos establecimientos. Con Tlaxcala como referente, otros estados podrían comenzar a adoptar reformas similares, consolidando un frente legislativo contra los negocios que operan al margen de la legalidad y los derechos humanos.

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