• Tlaxcala
  • Erika Pérez
Persisten omisiones legales en 13 municipios, y el Congreso sigue sin elevar a rango constitucional la protección animal.

A pesar de los constantes llamados del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), la LXV Legislatura del Congreso de Tlaxcala mantiene estancada la reforma para garantizar constitucionalmente el bienestar animal. 

Trece municipios no han emitido sus reglamentos, y el gobierno estatal sigue sin expedir lineamientos clave, mientras los casos de maltrato permanecen impunes.

La protección legal de los animales en Tlaxcala continúa en un limbo, anque desde distintos sectores ciudadanos se ha insistido en la urgencia de reformar la legislación local, el Congreso del Estado ha hecho caso omiso. 

El resultado: animales desprotegidos y una Ley de Bienestar Animal que no trasciende el papel.
Así lo denunció Jorge Martínez Castro, titular del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), quien señaló que existe un “pasmo en el Congreso” que ha impedido elevar a rango constitucional la protección animal, a pesar de que otras entidades federativas ya han dado ese paso.

A nivel municipal, la situación no mejora, al
menos trece municipios no han emitido ni publicado su reglamento de bienestar animal, y en aquellos que sí lo hicieron, la falta de implementación es evidente. Por su parte, el gobierno estatal no ha expedido instrumentos clave como el reglamento de la Ley de Bienestar Animal, el del Consejo Consultivo Estatal y el Reglamento Interno de la Coordinación de Bienestar Animal.

Martínez Castro subrayó que esta parálisis institucional tiene consecuencias directas: “En Tlaxcala, los delitos de maltrato animal han quedado impunes”. La Fiscalía General de Justicia del Estado, antes Procuraduría, no ha vinculado a proceso a presuntos infractores, limitándose a la apertura de carpetas de investigación sin resolución.

Además, criticó la persistencia de políticas ineficaces para atender la problemática de animales en situación de calle. La captura y matanza de perros y gatos, aplicada por algunos municipios, no solo ha demostrado ser ineficaz, sino que representa una forma más de maltrato institucionalizado. “No es viable seguir destinando recursos a soluciones fallidas que solo fomentan la irresponsabilidad de los tutores”, afirmó.
En este contexto, el OCPA instó al Congreso local a actuar antes de que concluya el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXV Legislatura. Hasta ahora, solo las diputadas Blanca Águila Lima y Laura Yamili Flores Lozano (PRD), y Sandra Guadalupe Aguilar Vega (PRI) han expresado su apoyo a la modificación legal que brindaría verdadera protección a los animales.

La omisión legislativa, tanto en lo estatal como en lo municipal, ya no puede ser ignorada. La protección animal no puede seguir dependiendo de la voluntad de unos pocos.