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Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud y a una vida libre de discriminación para personas con enfermedades autoinmunes, la diputada local Gabriela Hernández Islas presentó euna iniciativa ante el Congreso del Estado que plantea reformas a la Ley de Salud de Tlaxcala y a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
La propuesta busca atender de manera integral a quienes padecen lupus, esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes, condiciones que —además de comprometer seriamente la salud— suelen estar rodeadas de desinformación, diagnósticos tardíos, tratamiento insuficiente y estigmas sociales, particularmente en espacios como el trabajo y la escuela.
Durante la presentación, la legisladora explicó que uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un Registro Estatal de personas con lupus y esclerosis múltiple, el cual permitirá contar con información estadística y médica clave para el diseño de políticas públicas, siempre bajo el principio de protección de datos personales.
Además, la iniciativa contempla la capacitación obligatoria al personal médico para mejorar la atención a pacientes con enfermedades autoinmunes.
Prohibición expresa de la discriminación hacia personas diagnosticadas con estas condiciones, especialmente en el ámbito laboral.
Reformas estructurales a la Ley de Salud que incorporan un nuevo capítulo sobre enfermedades autoinmunes, donde se detallan acciones de prevención, investigación, control epidemiológico y coordinación entre autoridades estatales y municipales.
Adición a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, obligando a instituciones públicas y privadas a tomar medidas específicas para proteger los derechos laborales y sociales de los pacientes, incluyendo permisos por enfermedad justificados médicamente.
Hernández Islas destacó que la intención de esta iniciativa es avanzar hacia una Tlaxcala más justa, empática e incluyente, donde las personas que viven con enfermedades autoinmunes reciban una atención médica adecuada, sin estigmas ni exclusión.
De ser aprobadas, las reformas establecerán un marco legal más sólido para el diseño de políticas públicas que reconozcan los derechos de este sector de la población, que a menudo ha sido invisibilizado tanto en el sistema de salud como en el entorno social.