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  • Adolfo Tenahua Ramos
fue despedido de su puesto como director general de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Gobernación (Segob) por actos de corrupción y mal uso del presupuesto

El Poder Ejecutivo  nombró a Eduardo Hernández Tapia como el nuevo secretario de Infraestructura del estado, en sustitución de Diego Corona Cremean. 

Sin embargo, este nombramiento ha puesto en evidencia una vez más los problemas de corrupción que persisten dentro de la administración estatal, pues Hernández Tapia llega con un oscuro historial de malos manejos en su carrera pública.

El nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura de Tlaxcala no solo fue despedido de su puesto como director general de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de Gobernación (Segob) por actos de corrupción y mal uso del presupuesto, sino que también es señalado de haber solicitado pagos ilegales a empresas para asignarles contratos de obras. 

Fuentes cercanas al sector de la construcción han revelado que Hernández Tapia exige un 20% de “moche” por adelantado para la asignación de obras en el estado, aunque ni siquiera garantiza que se ejecuten.

Este tipo de prácticas, además de ser ilegal, refleja una total falta de ética y transparencia en su gestión, lo que genera desconfianza entre los empresarios locales.

Pero la situación se complica aún más al considerar que, al igual que otros funcionarios fuereños que han saqueado el estado, Hernández Tapia podría seguir el mismo camino. 

Se dice que el nuevo "señor de los moches" llegó a Tlaxcala con la única intención de aprovecharse de los recursos públicos y, tras causar el daño, desaparecen sin dejar rastro. De hecho, su huida de la Ciudad de México, tras ser corrido del gobierno federal por sus malas prácticas, da indicios de que podría estar replicando esa misma estrategia en Tlaxcala, donde su permanencia está lejos de ser segura.

Lo más grave de este nombramiento no es solo el desdén por la transparencia y la legalidad, sino que se coloca a un personaje ya vinculado a actos de corrupción al frente de un área clave para el desarrollo del estado: la infraestructura pública.