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Con el objetivo de mejorar la forma en que opera el gobierno y garantizar que las instituciones realmente sirvan a la ciudadanía, la diputada Laura Yamili Flores Lozano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa para incorporar en la Constitución del Estado de Tlaxcala el derecho humano a una buena administración pública.
La propuesta consiste en añadir el artículo 19 Ter a la Constitución local. Este nuevo artículo establecería que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto por las autoridades, a recibir servicios públicos de calidad, y a que sus trámites o solicitudes sean atendidos de manera eficiente, clara y oportuna.
“La buena administración pública debe dejar de ser una aspiración y convertirse en un derecho real, exigible ante las autoridades”, afirmó la legisladora durante su intervención en el Congreso del Estado.
La diputada explicó que este derecho se basa en principios como la honestidad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas. También contempla que cualquier acto de la autoridad debe seguir el debido procedimiento, permitiendo a las personas defenderse si consideran que se ha cometido una injusticia o abuso.
Además, los ciudadanos tendrían derecho a conocer su expediente administrativo, a ser escuchados antes de que se tome una decisión que les afecte y a contar con mecanismos claros para impugnar decisiones injustas.
Para la diputada Flores Lozano, este tipo de reformas no solo buscan mejorar el servicio al ciudadano, sino también prevenir y combatir la corrupción, al establecer reglas claras que obligan a los funcionarios públicos a actuar correctamente.
Si la iniciativa es aprobada, deberá enviarse a los 60 ayuntamientos del estado para su validación. Una vez avalada por la mayoría, la reforma se publicará en el Periódico Oficial y entrará en vigor al día siguiente. Posteriormente, el Congreso del Estado tendrá un plazo de 90 días para ajustar las leyes secundarias y asegurar su aplicación efectiva.
Con esta reforma, Tlaxcala se sumaría a las entidades que reconocen legalmente que el buen gobierno no es un favor, sino un derecho de toda persona, y que la calidad del servicio público es esencial para el desarrollo de una sociedad justa, transparente y democrática.