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En sesión del Congreso del Estado, la diputada Miriam Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un exhorto dirigido a los 60 Ayuntamientos de Tlaxcala para que actualicen y armonicen su normativa municipal conforme a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala, publicada el 4 de abril de 2024.
La legisladora recordó que el Artículo Tercero Transitorio de dicha ley otorgó a los municipios un plazo de 180 días naturales para cumplir con esta obligación, mismo que venció en octubre de 2024, sin que se haya dado cumplimiento efectivo por parte de ningún Ayuntamiento.
Aunque algunos municipios han publicado reglamentos sobre tránsito y transporte, la diputada señaló que estos no hacen referencia directa a la nueva ley estatal, ni incorporan principios fundamentales como seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, inclusión e igualdad, lo cual evidencia una armonización deficiente.
Asimismo, la diputada destacó la urgente necesidad de regular el uso de motocicletas, en tanto que representan un medio legítimo de movilidad, especialmente en zonas rurales o marginadas, pero también están asociadas a riesgos viales y de seguridad pública. Se recordó que Tlaxcala registró más de 2,300 accidentes viales en 2022 y que el uso de motocicletas en delitos ha sido documentado en múltiples municipios.
Entre las acciones exhortadas, se incluye la Publicación de reglamentos armonizados con la Ley Estatal de Movilidad; medidas claras sobre el uso responsable de motocicletas: casco, licencia, límite de pasajeros; operativos regulares de revisión y coordinación con autoridades estatales y mecanismos de participación ciudadana con colectivos motociclistas y asociaciones civiles.
La diputada Martínez enfatizó que regular no significa restringir, sino ordenar, prevenir y proteger, y que los municipios tienen la responsabilidad constitucional y legal de garantizar una movilidad segura, incluyente y con perspectiva de derechos humanos.
Finalmente, se instruyó la notificación oficial del acuerdo a los 60 Ayuntamientos y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, como medida para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente.