- Salud
Aunque el gobierno federal implementó una estrategia nacional contra la obesidad infantil, en Tlaxcala la realidad contradice los esfuerzos oficiales: estudiantes continúan accediendo a comida chatarra dentro y fuera de los planteles. Autoridades locales hablan incluso de un “contrabando infantil” que pone en jaque las medidas sanitarias.
La obesidad infantil en México se ha convertido en una emergencia de salud pública. Casi 4 de cada 10 niñas y niños en escuelas públicas presentan sobrepeso u obesidad, alertó el secretario de Salud federal, David Kershenobich. En la conferencia matutina del gobierno de México advirtió sobre el consumo excesivo de azúcar, al que calificó como una sustancia adictiva con efectos similares a otras drogas: “Activa el sistema de recompensa del cerebro y provoca adicción. Con el tiempo, se necesita consumir más para obtener el mismo efecto”.
Las consecuencias de esta adicción son claras: un 59 por ciento de los menores evaluados también presenta caries, una señal directa del abuso de productos ultraprocesados como refrescos, dulces y frituras.
En respuesta, el gobierno federal lanzó la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, que prohíbe la venta y publicidad de comida chatarra en escuelas de todo el país. La norma establece multas de hasta un millón 695 mil pesos a quienes incumplan.
Sin embargo, en Tlaxcala la implementación enfrenta serios obstáculos. El 24 de abril de 2025, el secretario de Educación Pública estatal, Homero Meneses Hernández, reconoció públicamente que, a pesar del respaldo estatal al decreto federal, estudiantes continúan vendiendo estos productos dentro de las escuelas. El funcionario calificó esta práctica como un preocupante “contrabando infantil”.
Y el problema se extiende más allá de los planteles: comerciantes ambulantes siguen vendiendo sin restricciones todo tipo de comida ultraprocesada a las afueras de las escuelas. La facilidad con la que los estudiantes acceden a refrescos, papas fritas, botanas y golosinas, sabotea los intentos institucionales por fomentar una alimentación saludable.
La obesidad infantil en el estado no solo refleja hábitos poco saludables, sino también la urgencia de reforzar las políticas públicas con vigilancia real, educación nutricional y alternativas accesibles para niñas y niños. Porque mientras haya quien venda y quien compre, la salud de la infancia seguirá en riesgo.