- Tlaxcala
El pasado 22 de mayo, la jueza María Isabel Ramírez Flores, aspirante al cargo de Jueza del Juzgado en Materia Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, autorizó el traslado humanitario de Giovanni Daniel N., alias “El Brujo”, presunto integrante de una célula delictiva en Tlaxcala, actualmente procesado por homicidio.
A través del oficio número 793/2025, la jueza concedió el permiso extraordinario por razones humanitarias para que el imputado pudiera despedirse de su padre fallecido. El documento señalaba que el mismo día 22 se realizaría el primer traslado a un domicilio en el municipio de Yauhquemehcan por un lapso de una hora. Posteriormente, el día 23, se autorizó su presencia en el panteón municipal de Apizaco por dos horas.
Sin embargo, la Dirección de Prevención y Reinserción Social de Tlaxcala informó, mediante el oficio número 1854/05/2025, que existía un impedimento físico para cumplir con la orden judicial, debido a la falta de personal de custodia suficiente para garantizar el traslado.
A pesar de esta limitación, la jueza Ramírez Flores consideró injustificado el impedimento señalado y, mediante el oficio número 798/2025, reiteró su orden para llevar a cabo el traslado, lo que obligó a la movilización de fuerzas federales.
El 23 de mayo, un fuerte operativo de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano se desplegó en las inmediaciones del panteón municipal de Apizaco, ubicado en la calle Baltazar Maldonado, colonia El Carmen, para cumplir con la orden judicial entre las 11:15 y 13:15 horas.
La presencia militar provocó pánico entre vecinos, quienes, alarmados por el despliegue, realizaron múltiples llamadas de emergencia al 911. De acuerdo con fuentes consultadas por La Prensa de Tlaxcala, el call center del C5 recibió reportes de ciudadanos preocupados por el operativo, especialmente por su cercanía al Jardín de Niños Gabino Barrera, a tan solo 20 metros del panteón.
Llama la atención que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala no fue notificada del traslado por parte del Ministerio Público, lo que podría constituir una omisión grave en un procedimiento de alto riesgo.
Cabe destacar que el pasado 28 de mayo, apenas días después del traslado, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FENDO) realizó un cateo en un domicilio ubicado en la calle Camino Real número 218, en el municipio de Apizaco. En el lugar se aseguraron armas de fuego y drogas, y se detuvo a Javier N., alias “El Brujo Chico”, así como a su pareja sentimental Araceli N. Ambas personas están vinculadas a la misma organización criminal siendo el hermano y cuñada de Giovanni Daniel N.,
Durante varios años, el municipio de Apizaco estuvo bajo la influencia de la banda conocida como “Los Brujos”, quienes actuaban con impunidad, desplazándose en vehículos de lujo y generando actos de intimidación sin intervención de las autoridades locales. Esta célula, que se presume tiene vínculos con un cártel del narcotráfico, tomó fuerza durante la administración del exalcalde panista Julio César Hernández Mejía.
Ante estos antecedentes, surgen cuestionamientos sobre la responsabilidad de la jueza María Isabel Ramírez Flores, quien, pese a conocer la falta de condiciones de seguridad señaladas por las autoridades penitenciarias, ordenó un operativo que involucró a fuerzas federales, expuso a la ciudadanía a un potencial riesgo y permitió la salida temporal de un presunto integrante de la delincuencia organizada.
Este hecho, sin precedentes en el estado, ha encendido las alarmas en torno al papel del Poder Judicial frente a la criminalidad organizada y la posible vulnerabilidad institucional ante decisiones controvertidas.