- Apetatitlán
En un acto que ha sido calificado como un abuso de poder y atentado contra el medio ambiente, el presidente municipal de Apetatitlán, Azain Ávalos Marbán, ordenó la tala indiscriminada de árboles en la Unidad Habitacional Tlahuicole, sin previa consulta ciudadana ni justificación técnica aparente.
A través de un video, vecinos denunciaron que los árboles retirados se encontraban en buenas condiciones de salud, y que su eliminación dejó expuesta una zona antes considerada pulmón verde del fraccionamiento.
La comunidad lamentó que no existiera diálogo ni transparencia por parte del gobierno municipal para tomar una decisión de tal magnitud.
Ambientalistas y organizaciones civiles han comenzado a exigir que se finquen responsabilidades al alcalde por el daño ocasionado y que se investigue si existieron violaciones a las normativas ambientales vigentes.
“La autoridad actuó con prepotencia. No sólo destruyó árboles sanos, sino que lo hizo a espaldas de la gente”, expresó una residente durante una reunión improvisada con vecinos.
Este no es el primer incidente que pone en evidencia la falta de sensibilidad y responsabilidad de Ávalos Marbán. En el pasado, fue señalado por su propia familia como una persona abusiva, insensible y fraudulenta. Su prima, Sandy Marbán, denunció públicamente que el alcalde actuó en perjuicio de su familia, obligándola a renunciar a su empleo en la administración pública en un momento crítico de salud para su padre. "Si un hombre no honra a la familia, mucho menos lo hará con el pueblo", señaló una cibernauta al conocer la historia.
Además, Ávalos Marbán ha sido criticado por su gestión en proyectos de infraestructura. En la comunidad de Belén Atzitzimititlán, inició una obra de drenaje sin seguir los procedimientos legales adecuados, lo que generó riesgos para la salud pública y posibles daños al medio ambiente.
Hasta el momento, el ayuntamiento no ha presentado públicamente ninguna justificación técnica ni plan de reforestación o compensación ambiental, lo que ha elevado las críticas hacia la administración del alcalde.
La ciudadanía ha solicitado la intervención de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) y de la Secretaría del Medio Ambiente para que se investigue el caso a fondo y se sancione, si corresponde, al responsable de esta decisión unilateral.