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El ex tesorero municipal Pablo Vázquez Bello presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra la presidenta municipal Elena Macías Díaz y varios funcionarios de su administración, a quienes acusa de privarlo ilegalmente de su libertad, amenazarlo de muerte y forzarlo a encubrir un presunto desfalco relacionado con la compra irregular de gasolina.
Según la querella, Vázquez Bello fue responsabilizado por la adquisición de 4 mil litros de combustible con vales presuntamente falsificados, una operación que representa un daño al erario de más de 120 mil pesos. El ex funcionario afirmó que, tras negarse a firmar documentos que lo inculparan, fue retenido por varias horas en el edificio de la presidencia municipal, donde recibió amenazas de ser linchado si no aceptaba su supuesta responsabilidad.
Durante ese encierro, relata que fue presionado por el secretario del Ayuntamiento, Artemio González Cervantes, para entregar los tokens de seguridad bancaria y claves oficiales, lo que impidió realizar el proceso de entrega-recepción conforme a la ley.
Vázquez asegura que su salida del inmueble fue condicionada al pago de 61 mil pesos en efectivo, exigidos por la alcaldesa, su asesor Alfredo Macías Lima, y el propio secretario. Fue entonces que su esposa acudió a auxiliarlo, y tras amenazar con llamar al 911, ambos lograron salir del lugar sin que se consumaran las amenazas de linchamiento.
Debido al riesgo, la entrega-recepción de la Tesorería se llevó a cabo en las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior (OFS). En su denuncia, el ex tesorero también señala a otros funcionarios municipales, como el ex coordinador de Protección Civil, Brayan Rodríguez Cervantes, quien ya fue dado de baja.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya investiga los hechos, mientras crecen los señalamientos por presunta corrupción, abuso de poder y secuestro dentro del gobierno municipal.