• Apetatitlán
  • Adolfo Tenahua Ramos
La destrucción del entorno en Tlahuicole no solo implica la pérdida de árboles, sino un golpe a la calidad del aire.


Habitantes de la unidad habitacional Tlahuicole alzaron la voz para denunciar un grave delito ambiental cometido por el presidente municipal, Azaín Ávalos Marbán, quien ordenó la tala indiscriminada de árboles con décadas de vida, destruyendo una parte esencial del ecosistema local.

De acuerdo con los vecinos, más del 40% de una zona arbolada fue arrasada sin justificación ambiental ni social. Entre las especies devastadas se encontraban pinos altos, árboles frutales, bugambilias, especies florales y árboles jóvenes, todos ellos parte fundamental del equilibrio ecológico del área. Muchos de estos ejemplares no solo representaban belleza natural, sino que eran hábitat de aves, sombra natural para los habitantes y barreras contra la contaminación.

“Estos árboles tenían más de 30 años. No solo eran parte de nuestro paisaje, eran parte de nuestra vida”, declaró una vecina visiblemente afectada.

Lo que el alcalde ha cometido es un acto de ecocidio: una agresión directa contra la naturaleza y un atentado a la salud ambiental de los ciudadanos. La comunidad señala que no hubo consulta previa ni justificación técnica. Tampoco se dio a conocer ningún estudio de impacto ambiental, como lo exige la ley. La tala se realizó de forma abrupta y violenta, bajo la mirada indignada de los habitantes, que ahora exigen justicia.

Organizaciones ambientales y ciudadanos han comenzado a preparar denuncias formales contra el alcalde Ávalos Marbán, acusándolo de omitir su responsabilidad como autoridad para proteger los recursos naturales del municipio.

“El daño ya está hecho, pero no nos vamos a quedar callados. Queremos que pague por este crimen contra la naturaleza”, afirmó otro residente.

La destrucción del entorno en Tlahuicole no solo implica la pérdida de árboles, sino un golpe a la calidad del aire, al clima local, al bienestar emocional de los ciudadanos y al patrimonio natural de futuras generaciones.

“Exigimos que las autoridades ambientales estatales y federales actúen de inmediato. La impunidad en delitos ambientales no puede ser tolerada”, denunciaron los afectados.