- Cuaxomulco
Con el presunto aval del presidente municipal Román Montiel Santiago, alias “El Pirrurris”, un trabajador del ayuntamiento llevó a cabo el relleno ilegal de una barranca, utilizando maquinaria, cemento y tubería perteneciente al gobierno municipal, en un acto que podría constituir abuso de poder, desvío de recursos públicos y violación a leyes ambientales federales.
La barranca en cuestión —considerada propiedad federal y protegida bajo el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales— fue rellenada sin justificación técnica ni autorización oficial. Testigos aseguran que se utilizó equipo del municipio para esta obra privada, ejecutada por un empleado del propio ayuntamiento, lo que agrava la responsabilidad de las autoridades locales.
Aunque la denuncia fue expuesta públicamente, el alcalde Montiel Santiago declaró únicamente que “iba a revisar si procedía”, y aseguró no tener conocimiento de las actividades, pese a que la maquinaria y los recursos utilizados pertenecen al inventario operativo del municipio.
Organizaciones ambientalistas y habitantes de Cuaxomulco han manifestado su indignación, exigiendo la intervención inmediata de dependencias federales como CONAGUA, PROFEPA y la Secretaría del Medio Ambiente, para investigar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.
“No es posible que se destruyan zonas naturales con recursos del pueblo y que el presidente diga que no sabe nada. Esto no fue un error, fue un abuso con el sello del ayuntamiento”, señaló una ciudadana en redes sociales.
El caso ha sido compartido a medios de comunicación, servidores públicos, colectivos ciudadanos y dependencias estatales y federales, como parte de una estrategia para visibilizar lo que se percibe como un ejemplo claro de corrupción y encubrimiento dentro del gobierno municipal.
Hasta el momento, no se ha iniciado procedimiento alguno ni se han anunciado investigaciones internas. El silencio y la inacción han alimentado aún más la sospecha de que el hecho fue tolerado o directamente aprobado por el alcalde, en una muestra más del patrón de impunidad con el que operan algunos gobiernos locales.