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El proceso electoral más reciente ha desatado una creciente crisis de legitimidad, luego de que diversas organizaciones civiles acusaran al gobierno de haber orquestado una operación de Estado para imponer resultados.
A través de nueve impugnaciones presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los colectivos exigieron la anulación de los comicios por considerar que el aparato gubernamental fue utilizado para beneficiar a un solo proyecto político.
Entre las agrupaciones que impulsan esta acción están Poder Ciudadano, Defensorxs, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el Laboratorio Electoral. En conjunto, entregaron un expediente que contiene pruebas que, según señalan, evidencian graves irregularidades en la jornada electoral.
Los señalamientos no son menores: acusan acarreo masivo de votantes, uso discrecional de recursos públicos, relleno de urnas, y la distribución sistemática de “acordeones” —papeles con los nombres de candidatos seleccionados desde el poder—. De acuerdo con los denunciantes, la totalidad de esos candidatos resultaron electos, un hecho que consideran imposible sin una intervención deliberada desde estructuras gubernamentales.
Para las organizaciones firmantes, lo ocurrido representa una violación frontal a los principios de equidad, legalidad y certeza, que deberían regir cualquier proceso democrático. Denuncian además la falta de vigilancia ciudadana real, reglas del juego modificadas a conveniencia, y un contexto de presión institucional sobre los votantes.
Estas impugnaciones se suman a las ya interpuestas por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), lo que configura un bloque amplio de inconformidad ante lo que muchos ya califican como una elección de Estado.