- Tlaxcala
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de Tlaxcala vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora por presuntas prácticas irregulares encabezadas por el Comisionado Ángel Espinoza Ponce, quien, tras no lograr convertirse en Comisionado Presidente, habría comenzado a operar con total discrecionalidad dentro del órgano garante.
Según fuentes internas, Espinoza Ponce reubicó a su ex asistente personal en la Unidad de Participación Ciudadana y, aprovechando la inminente desaparición del IAIP, la colocó en el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), donde ahora también percibe un salario. La funcionaria estaría cobrando en dos instituciones públicas al mismo tiempo, incurriendo en una clara incompatibilidad de horarios y posible doble percepción indebida de recursos públicos.
La situación ha encendido las alertas entre trabajadores y ciudadanos, quienes ven con preocupación cómo la falta de controles y la complicidad interna permiten el uso faccioso de las instituciones públicas. “Esto ya no es opacidad, es descaro institucionalizado”, declaró una fuente cercana a la Contraloría.
Además, se ha revelado que la hija de Vicente Nava Xochitiotzin, actual presidente del TET, trabaja en la ponencia del propio Comisionado Espinoza Ponce, lo cual alimenta las sospechas de un intercambio de favores y redes de poder al interior del servicio público tlaxcalteca.
Los señalamientos no terminan ahí. Arturo de Casa, exfuncionario ligado al IAIP y figura conocida por su cercanía con las esferas políticas locales, ha sido acusado de proteger estos acomodos irregulares y de intentar mantenerse a toda costa en la nómina pública, incluso cuando su papel institucional ya no tiene fundamento claro.
Estos hechos, de comprobarse, representarían una violación flagrante a la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como a los principios de transparencia y rendición de cuentas que el propio IAIP está obligado a defender.
Con estas acciones queda demostrado que el servicio público se convierte en un refugio de privilegios personales, favores familiares y acomodos a conveniencia, mientras se ignora el impacto sobre los recursos públicos y la ética institucional.
