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  • Adolfo Tenahua Ramos
Esta cifra es alarmante y obliga a tomar medidas firmes para evitar que se sigan normalizando este tipo de conductas.

Ante el incremento de agresiones contra docentes, el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, anunció que propondrá una reforma al Código Penal del Estado de Tlaxcala para garantizar la protección de maestras y maestros frente a actos de violencia, especialmente por parte de padres de familia.

Derivado del hecho más reciente en el que un docente perdió la vida, Meneses reveló que en el ciclo escolar que está por concluir, se han registrado al menos 90 casos de agresiones contra personal docente, la mayoría cometidas por tutores o familiares de alumnos. Esta cifra, consideró, es alarmante y obliga a tomar medidas firmes para evitar que se sigan normalizando este tipo de conductas.

El funcionario subrayó que el magisterio merece respeto, pues los maestros no solo cumplen una función educativa, sino que también son formadores de valores y parte esencial del tejido social. En este sentido, aseguró que es momento de que la ley reconozca su labor y los proteja adecuadamente.

“Vamos a proponer una reforma al Código Penal del estado para que se tipifique como delito específico la agresión a maestras y maestros en funciones, y para que estas conductas sean sancionadas con todo el peso de la ley”, afirmó.

Además, Meneses hizo un llamado a los padres y madres de familia para actuar con responsabilidad y fortalecer la coordinación con las escuelas, a fin de prevenir conflictos y fomentar una cultura de paz y respeto en los entornos escolares.

“Es necesaria una nueva estrategia de comunicación y colaboración entre escuelas, docentes, alumnos y padres de familia, que permita atender oportunamente cualquier inconformidad y evitar que derive en agresiones físicas o verbales”, apuntó.

Finalmente, el secretario adelantó que en las próximas semanas se establecerán mesas de trabajo interinstitucionales con el Congreso local, la Procuraduría General de Justicia del Estado y organizaciones magisteriales para presentar la propuesta de reforma y diseñar protocolos de atención y prevención en casos de violencia escolar.