- Tlaxcala
Este lunes, se dio a conocer de manera extraoficial la salida de Augusto Ramírez Hernández como titular del área de comunicación social de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
La decisión, según fuentes consultadas, responde a una investigación interna que habría detectado presuntas anomalías administrativas y uso indebido del cargo.
Aunque la Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial al respecto, diversas voces dentro del organismo confirmaron que Ramírez fue separado de su cargo luego de que se acumularan diversas denuncias por malas prácticas en el ejercicio público.
Entre los señalamientos se encuentra la supuesta falsedad en declaraciones patrimoniales, así como el uso de recursos institucionales para fines personales, incluyendo la utilización de vehículos oficiales para actividades no autorizadas.
De acuerdo con versiones internas, un vehículo de la dependencia habría sido visto repartiendo productos elaborados por familiares del funcionario durante los fines de semana.
Además, fuentes del sector comunicativo indican que Ramírez habría intentado establecer convenios con medios de comunicación condicionados a una cobertura favorable hacia la institución, utilizando recursos públicos de manera discrecional.
Esta estrategia habría tenido como propósito contener el desgaste en la imagen pública de la Fiscalía, especialmente durante momentos de alta presión mediática.
Antes de asumir su cargo en la Fiscalía, Augusto Ramírez se desempeñó como Coordinador de Comunicación Social en el gobierno estatal, posición desde la que también fue señalado por prácticas poco transparentes. Su paso por ambas instancias estuvo marcado por acusaciones relacionadas con clientelismo informativo y presunto uso político de la comunicación institucional.
Personas cercanas a la administración estatal aseguran que Ramírez presumía una relación directa con la gobernadora, lo que le habría permitido conservar puestos clave incluso frente a cuestionamientos reiterados. Sin embargo, su destitución podría ser vista como un ajuste interno ante la creciente exigencia ciudadana de transparencia.