• Ixtenco
  • Adolfo Tenahua Ramos
En la tabla de observaciones se aclara que se hicieron pagos improcedentes, se sobregiraron los precios, se saldaron volúmenes de obras no ejecutados, por mencionar algunos.

La presidenta municipal de Ixtenco, Aline Lazo Caballero, enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades financieras durante su gestión, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectara un probable desvío de recursos por un monto superior a los 159 mil pesos, correspondiente al periodo de agosto a diciembre del año 2024.

De acuerdo con el informe del OFS, el mal manejo de los recursos públicos se habría dado mediante pagos injustificados, comprobaciones sin soporte documental, y transferencias no aclaradas, lo que compromete la transparencia y la rendición de cuentas de su administración.

En la tabla de observaciones se aclara que se hicieron pagos improcedentes, se sobregiraron los precios, se saldaron volúmenes de obras no ejecutados, por mencionar algunos.

Este señalamiento se suma a una serie de críticas que ha recibido Aline Lazo por parte de habitantes del municipio, quienes acusan a su gobierno de falta de resultados, abandono de servicios públicos esenciales y una política opaca en la asignación de obras y programas sociales.

Durante su administración, ciudadanos han denunciado retrasos en la ejecución de obras prioritarias como la rehabilitación de caminos, deficiencias en el suministro de agua potable, y un marcado desinterés en temas de seguridad, lo que ha generado un clima de descontento social en la demarcación

Además, líderes comunitarios y exfuncionarios han apuntado que la presidenta se ha caracterizado por mantener una administración cerrada al diálogo, sin mecanismos claros de participación ciudadana ni informes públicos detallados del uso del presupuesto municipal.

La observación hecha por el OFS representa un llamado de atención sobre la necesidad de investigar a fondo el uso de los recursos en Ixtenco y de garantizar que las autoridades municipales cumplan con los principios de legalidad, eficacia y honradez que exige el manejo del erario público.